El Gobierno presentó como una simplificación el acceso al beneficio de viajes sin cargo, pero la implementación inicial provocó demoras, confusión y malestar entre cientos de usuarios.
La puesta en marcha del nuevo esquema de acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad desató una jornada de incertidumbre y fuertes cuestionamientos. Aunque el Gobierno nacional anunció la medida como una herramienta destinada a agilizar los trámites y evitar la exhibición del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la transición hacia el nuevo sistema derivó en extensas filas y complicaciones para quienes dependen diariamente del transporte público.
Durante la tarde del martes, cientos de personas se concentraron en distintos puntos de atención para gestionar la vinculación del beneficio con la tarjeta SUBE, requisito indispensable para continuar viajando sin costo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional.
La escena se repitió en varias terminales y centros de atención: usuarios aguardando durante horas, escasa información oficial y dificultades para completar el trámite. Organizaciones vinculadas a la discapacidad cuestionaron la falta de previsión y advirtieron que muchas personas enfrentan barreras de accesibilidad que dificultan aún más la realización de gestiones presenciales.
El nuevo sistema fue anunciado días atrás por el Gobierno nacional y comenzará a regir desde el 19 de junio. La iniciativa establece que el beneficio del boleto gratuito quedará asociado directamente a la tarjeta SUBE, eliminando la necesidad de exhibir el CUD al momento de viajar.
Desde la administración nacional sostienen que la medida apunta a modernizar el acceso al beneficio, resguardar los datos personales de los usuarios y reducir posibles irregularidades. Sin embargo, referentes del sector remarcaron que el cambio no implica una ampliación de derechos ni la incorporación de nuevos beneficios, sino una modificación en la modalidad de acreditación.
Además, señalaron que la implementación evidenció problemas de comunicación y una escasa capacidad de respuesta ante la demanda generada por el anuncio oficial.
Según la información difundida por las autoridades, el trámite de vinculación podrá realizarse a través de la plataforma digital de SUBE y el sistema actual continuará vigente durante un período de transición. No obstante, la falta de información clara sobre los plazos y requisitos generó preocupación entre los usuarios, especialmente entre quienes tienen dificultades de acceso a herramientas digitales.
El malestar se profundizó por las extensas esperas registradas durante las primeras horas de implementación. Familiares y personas con discapacidad denunciaron que debieron permanecer durante largos períodos bajo condiciones inadecuadas para completar un procedimiento que, según el anuncio oficial, buscaba precisamente simplificar el acceso al beneficio.
Mientras el Gobierno avanza con la digitalización del sistema, organizaciones del sector reclaman que cualquier modificación contemple criterios de accesibilidad universal y garantice una implementación ordenada, con información clara y canales de atención suficientes para evitar que un derecho esencial se convierta en un nuevo obstáculo cotidiano.
