El jueves se tratará en el recinto el proyecto que elimina la emergencia y establece beneficios estables. Con impulso de Patricia Bullrich y consenso opositor, el texto prevé compatibilidad laboral y financiamiento garantizado.

Con un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición, la Cámara alta se encamina a darle sanción definitiva a la nueva normativa de discapacidad. La sesión decisiva está prevista para este jueves y forma parte de la agenda de cierre del período ordinario legislativo.

El proyecto en cuestión lleva por nombre Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y tiene como objetivo central dejar atrás el formato de emergencia que vence en diciembre próximo. La propuesta replica los derechos contemplados en la Ley 27.793, pero los transforma en una legislación de fondo, estable y con carácter de orden público.

La iniciativa fue motorizada en el Senado por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, luego de haber obtenido dictamen favorable en comisión con el respaldo de aliados y del bloque justicialista.

El temario completo de la jornada del jueves se terminará de pulir este miércoles a las 15 horas en la reunión de Labor Parlamentaria. En ese encuentro se evaluará sumar otros expedientes que ya cuentan con media sanción, como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la Ley Joaquín. Un día antes, el martes por la mañana, la mesa política del oficialismo se reunirá para ordenar las prioridades de estas últimas dos semanas, donde también figuran la discusión sobre la suspensión de las PASO y el tratamiento del Presupuesto 2027.

De hecho, el proyecto de reforma electoral que propone suspender las primarias se debatirá este martes a las 15 en comisión con la meta de alcanzar despacho. El mismo día, el Gobierno espera obtener dictamen para el Presupuesto, que debería llegar al recinto el 25 de noviembre.

La propia Bullrich había adelantado su postura días atrás, ratificando su intención de avanzar con la ley pese a los intentos del Ejecutivo por dilatar los tiempos y sugerir cambios que demoraran su implementación.

«Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando», sostuvo la senadora, quien subrayó en su cuenta de X que el país que se está construyendo debe incluir a todos los argentinos.

El contexto reciente también puso el tema en primer plano por la visita del Papa León XIV al país, que incluyó una parada en el Cottolengo Don Orione de Claypole, un espacio de referencia en la asistencia a personas con discapacidad.

Los puntos clave del proyecto

La principal novedad es la compatibilidad entre la pensión no contributiva —equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio— y un empleo formal. Los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán trabajar en relación de dependencia o como monotributistas sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, se mantiene el nomenclador único de prestaciones, se garantiza la actualización periódica y automática de los aranceles tomando como referencia la movilidad jubilatoria atada al IPC y se asegura la cobertura del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.

En materia presupuestaria, el texto establece un piso: los recursos destinados por el Ministerio de Salud no podrán caer, en términos reales, por debajo del ejercicio fiscal previo.

El proyecto también incorpora un sistema de auditorías con cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con garantías de debido proceso inclusivo.

Por último, y a pedido de los bloques dialoguistas, se agregó un artículo transitorio que obliga al Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 30 días y fija un cronograma para cancelar las compensaciones que se les adeuda a los prestadores del sector.