La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que el esquema de la ley 27.609 provocó una fuerte pérdida del poder de compra y dispuso aplicar la movilidad anterior. El fallo beneficia a una jubilada pero puede marcar un precedente.

Un fallo de alto impato sacudió el escenario previsional. La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, vigente entre 2021 y mediados de 2024, y ordenó reemplazarla por el esquema previo de la ley 27.426.

La resolución fue firmada este viernes por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo. El expediente es «Galletta, Carmen c/ ANSES s/ Reajustes varios», iniciado por una jubilada contra el organismo previsional.

El tribunal dispuso que el haber de la demandante se recalcule utilizando la movilidad sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. Según las primeras estimaciones de abogados especialistas, la diferencia podría representar una mejora cercana al 67% en el ingreso mensual, aunque el monto final quedará sujeto a la liquidación que realice la ANSES.

El fundamento central del fallo es el deterioro del poder adquisitivo. De acuerdo con el análisis de los magistrados, mientras los aumentos jubilatorios acumularon 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, la inflación del mismo período alcanzó el 1.129,07%, lo que derivó en una pérdida del 46,83%.

Desde el tribunal remarcaron que la sentencia no implica una recomposición automática y generalizada para todos los jubilados, ya que resuelve un caso particular. No obstante, la decisión se erige como un antecedente relevante que podría ser invocado en miles de demandas similares que cuestionan la fórmula aplicada durante la administración de Alberto Fernández.

El fallo se conoció en momentos en que el sistema previsional continúa en debate por la actualización de los haberes y la sustentabilidad del sistema, y abre una nueva etapa de litigiosidad con potencial impacto económico para el Estado.