Con 237 votos a favor, la Cámara baja aprobó de madrugada el nuevo marco legal que reemplaza la Emergencia. El ex ministro advirtió que la situación de las familias es límite y exigió que el Presupuesto 2027 contemple los fondos.

La Cámara de Diputados convirtió en media sanción el proyecto que crea la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La votación, que se definió pasada la medianoche tras un debate de más de cuatro horas, arrojó 237 voluntades afirmativas, 9 negativas y 4 abstenciones. El expediente ahora quedó en manos del Senado.

La iniciativa surge como respuesta al vencimiento de la Ley de Emergencia a fin de año y fue fruto de un entendimiento entre La Libertad Avanza, bloques aliados y gran parte de la oposición. En la negociación de último momento se incorporaron demandas de las organizaciones del colectivo, lo que permitió reunir una mayoría de dos tercios.

Entre los ejes centrales, el texto aprobado sostiene la pensión no contributiva por discapacidad en el equivalente al 70% de la jubilación mínima con actualización por índice de precios, ratifica al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como llave de acceso, y establece un nomenclador universal con arancel unificado para todas las prestaciones contempladas en la ley 24.901.

También se conserva la compatibilidad del beneficio con el trabajo formal, siempre que los ingresos no excedan los dos salarios mínimos vitales y móviles, se garantiza el acceso al Programa Incluir Salud para los titulares de pensiones y se fija la obligación de que el Ejecutivo cancele en 90 días las deudas con prestadores, previa presentación de un cronograma en 30 días. Se prevén además auditorías con cruce de datos de ANSES, RENAPER y SINTyS bajo un debido proceso inclusivo.

En ese marco se conoció la postura del ex titular de Desarrollo Social y autor de la ley de emergencia, Daniel Arroyo. En una entrevista con Radio Universidad, el actual docente universitario consideró que el nuevo articulado retoma puntos que el propio oficialismo había demorado y puso en duda que se cumpla efectivamente.

Según describió, los valores actuales hacen inviable el sistema. Un acompañante terapéutico percibe alrededor de $4.600 por hora a cobrar a 120 días y un transportista recibe $970 por litro de nafta cuando el precio en surtidor supera los $2.500, lo que provoca que tratamientos previstos para cinco días se cumplan solo dos.

El ex legislador cuestionó que hace un mes el Gobierno haya enviado un Presupuesto 2027 con un capítulo que eliminaba el CUD como acceso directo, planteaba la incompatibilidad absoluta con el empleo y derogaba el arancel único, para luego presentar un proyecto muy similar a la emergencia que había sido vetada pese a contar con el respaldo del 80% del Congreso.

«Esperemos que esta vez sea de verdad», señaló, al remarcar que cuesta creer en un cambio de rumbo después de tres años de maltrato, según sus palabras. Y agregó que para que no se transforme en una nueva frustración, el Presupuesto debe modificarse y mostrar con partidas específicas del Ministerio de Salud que habrá recursos reales.

Arroyo insistió en que el cuadro es dramático y que las madres y padres de personas con discapacidad recorren oficinas sin respuestas. «No se aguanta más otra decepción. El nivel de deterioro es muy fuerte», sostuvo.

El oficialismo, con las diputadas Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz al frente de la negociación, logró sumar a la UCR, el PRO, Coalición Cívica y bloques provinciales. Unión por la Patria acompañó tras lograr que se incorporaran garantías de cobertura de salud, asignaciones familiares y defensa contra bajas arbitrarias, mientras que la izquierda se abstuvo por la falta de actualización de deudas y diputados cordobeses votaron en contra por considerar que no se escuchó a los protagonistas.

Con la media sanción obtenida, el Gobierno busca sancionar de forma definitiva un régimen permanente que deje atrás la lógica de la emergencia.