Mientras se desarrolla la medida de fuerza nacional, la Secretaría de Trabajo advirtió que podría iniciar un proceso sancionatorio si no se garantiza la prestación mínima del servicio educativo.
La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes volvió a escalar este lunes con motivo del paro convocado en distintos puntos del país. Desde la Secretaría de Trabajo anticiparon que podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales que impulsan la medida si se verifica el incumplimiento de la cobertura mínima exigida para el funcionamiento del sistema educativo.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuestionó la decisión de avanzar con el paro y sostuvo que la prioridad debe ser garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases. En ese marco, remarcó que las provincias y los representantes sindicales deben retomar el diálogo para resolver el conflicto por la vía de la negociación.
El funcionario explicó que el Ejecutivo dispuso inspecciones en establecimientos educativos de distintas jurisdicciones con el objetivo de verificar si se cumple con el porcentaje mínimo de prestación previsto por la normativa vigente. Según indicó, si durante los controles se detecta que no se alcanza el 75% de presentismo, se iniciará un procedimiento administrativo para evaluar posibles sanciones contra las entidades gremiales convocantes.
Entre las medidas que podrían analizarse figura incluso la eventual revisión de la personería gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), una posibilidad que incrementó la tensión política y sindical en medio del conflicto.
Desde el oficialismo sostienen que la educación constituye un servicio esencial y que, en consecuencia, deben garantizarse niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza. Bajo ese argumento, el Ministerio de Capital Humano confirmó previamente que realizaría inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para controlar el cumplimiento de la normativa vigente.
Por su parte, CTERA justificó el paro al denunciar la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y reclamar mejoras salariales, mayor inversión educativa y el restablecimiento de ámbitos de negociación que, según la organización, resultan indispensables para abordar la situación del sector.
El conflicto se produce en el reinicio de clases tras el receso invernal en varias provincias, lo que volvió a colocar en el centro del debate el equilibrio entre el derecho a la protesta sindical y la continuidad del servicio educativo.
