Miguel Saredi cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de mantener los haberes jubilatorios en niveles que considera incompatibles con una vida digna, sostuvo que el bono de $70.000 anunciado para julio es apenas un paliativo frente a la pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores y denunció que el ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei recae principalmente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por Miguel Saredi – Diputado Nac MC – PJ Provincia de Bs As.
La decisión del Gobierno nacional de volver a otorgar un bono de $70.000 a los jubilados que cobran la mínima confirma una realidad tan dolorosa como inocultable: millones de argentinos que trabajaron toda su vida están condenados a sobrevivir con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas.
Mientras los jubilados cuentan monedas para comprar medicamentos, pagar los servicios o llenar la heladera, el presidente Javier Milei y sus funcionarios celebran indicadores macroeconómicos que poco tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Hablan de equilibrio fiscal, pero ese equilibrio parece construirse sobre el sacrificio de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El bono de $70.000 no es una solución. Es apenas un parche para intentar ocultar que la jubilación mínima sigue estando muy lejos de cualquier parámetro razonable de dignidad. Ningún adulto mayor debería depender de una ayuda extraordinaria para llegar a fin de mes después de haber aportado durante décadas al desarrollo del país.
Lo más grave es la falta de sensibilidad humana que demuestra este gobierno frente a la situación de nuestros mayores. Detrás de cada jubilado hay una historia de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, desde los despachos oficiales parecen ver únicamente números, planillas y balances. La motosierra no distingue entre privilegios y derechos; termina cayendo sobre quienes menos posibilidades tienen de defenderse.
Resulta imposible no advertir el contraste entre la realidad de millones de jubilados y la de una dirigencia que vive cada vez más alejada de los problemas concretos de la sociedad. Mientras se exige austeridad a quienes cobran haberes de pobreza, crecen las dudas, las denuncias y los cuestionamientos públicos sobre la conducta de distintos sectores del poder. La transparencia y la ejemplaridad deberían comenzar por quienes gobiernan.
La Argentina no puede aceptar que quienes construyeron el país pasen sus últimos años en la incertidumbre económica. Un jubilado no necesita discursos sobre el mercado; necesita poder comprar sus remedios. No necesita explicaciones técnicas sobre el déficit; necesita alimentarse adecuadamente. No necesita promesas de prosperidad futura; necesita vivir con dignidad hoy.
Una sociedad se define por cómo trata a sus adultos mayores. Y la Argentina de Milei está enviando un mensaje preocupante: el ajuste siempre encuentra recursos en el bolsillo de los jubilados, pero rara vez en los privilegios del poder.
La verdadera discusión no es el bono. La verdadera discusión es por qué un gobierno que se jacta de ordenar las cuentas públicas considera aceptable que millones de jubilados vivan por debajo de una canasta básica. Esa es la contradicción moral y política que ninguna estadística puede ocultar.
Porque no hay equilibrio fiscal que justifique la pérdida de dignidad de nuestros jubilados. Y no hay relato económico exitoso cuando quienes trabajaron toda una vida terminan siendo los principales perjudicados.
