El proyecto enviado al Congreso propone modificar el sistema de votación, endurecer requisitos para las fuerzas políticas y redefinir el financiamiento de las campañas. También incluye la implementación de Ficha Limpia.
El sistema político argentino se encamina a un posible rediseño de gran alcance tras el envío al Congreso de un proyecto de reforma electoral promovido por el presidente Javier Milei. La iniciativa, que comenzará a debatirse en el Senado en una fecha aún no confirmada, plantea modificaciones estructurales tanto en la forma de votar como en la organización de los partidos y el financiamiento de la política.
Uno de los puntos centrales del paquete es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo vigente desde 2009 que permite a la ciudadanía participar en la definición de candidaturas. De aprobarse la reforma, cada espacio político quedaría facultado para seleccionar a sus postulantes según sus propias normas internas, sin intervención del electorado general en esa instancia.
En paralelo, el proyecto establece la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todas las elecciones nacionales. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, concentra en una sola papeleta a todos los candidatos, con el objetivo de simplificar la votación y reducir costos. La propuesta oficial contempla la posibilidad de optar por lista completa o seleccionar postulantes por categoría, incorporando además imágenes y logos partidarios para facilitar la identificación.
Cambios en los partidos políticos y candidaturas
El texto también introduce modificaciones en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, endureciendo los requisitos para la constitución y permanencia de las agrupaciones. Entre los principales cambios, se exige que los partidos de alcance nacional acrediten presencia en al menos diez distritos, duplicando la exigencia actual. Asimismo, se reemplaza el sistema tradicional de afiliación en papel por mecanismos de validación biométrica, con el objetivo de evitar irregularidades en la recolección de avales.
Para obtener reconocimiento legal, las fuerzas deberán reunir el respaldo de al menos el 0,5% del padrón electoral del distrito en un plazo de 180 días, mientras que para mantener el estatus nacional deberán contar con afiliados equivalentes al 0,1% del total de electores.
Otro de los ejes del proyecto es la incorporación del criterio de “Ficha Limpia”. Esta cláusula impediría que personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan postularse a cargos electivos o desempeñar funciones jerárquicas dentro del Poder Ejecutivo. La fiscalización de estas restricciones quedaría a cargo de la Justicia Electoral mediante un registro público específico.
Financiamiento y campaña electoral
En materia económica, la iniciativa redefine las reglas de financiamiento político. Se prevé un incremento en los topes de aportes privados y la eliminación de los límites de gasto en campaña para las agrupaciones, junto con la supresión de la publicidad gratuita en medios audiovisuales.
El esquema de distribución de fondos públicos también se modifica: el 20% del Fondo Partidario Permanente se asignaría de manera igualitaria entre las fuerzas, mientras que el 80% restante se repartiría en función de los resultados obtenidos en la última elección de diputados nacionales.
Al mismo tiempo, se incorporan restricciones para garantizar mayor transparencia. Quedan prohibidas las donaciones de contratistas del Estado, personas procesadas por delitos tributarios o de lavado de activos, así como de organizaciones sindicales o empresariales. Las agrupaciones que incumplan estas normas podrían perder el acceso al financiamiento estatal.
Respecto a la campaña electoral, se establece que comenzará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas previas. Además, se prohíbe la difusión de actos de gobierno que puedan influir en el voto durante los 25 días anteriores a la elección.
Cambios en el Mercosur y debates abiertos
Otro aspecto relevante es la modificación en la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. El proyecto propone que dejen de ser elegidos por voto directo y pasen a ser designados por el Congreso Nacional, sin remuneración adicional más allá de viáticos.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a reducir costos, aumentar la transparencia y limitar prácticas informales en el financiamiento de la política. En ese sentido, argumentan que el sistema actual presenta deficiencias estructurales que favorecen la opacidad y los privilegios de la dirigencia.
El tratamiento legislativo se anticipa complejo, ya que requerirá acuerdos con distintos bloques y gobernadores. La discusión sobre el futuro del sistema electoral argentino vuelve así al centro de la agenda política, con posiciones encontradas sobre el alcance y las consecuencias de los cambios propuestos.
