La medida cautelar alcanza a unas 900 mil personas. Desde Capital Humano sostienen que el programa ya había finalizado y advierten por su impacto presupuestario.
El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Justicia sumó un nuevo capítulo luego de que el Ministerio de Capital Humano confirmara que apelará la resolución que ordena mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, una iniciativa que alcanzaba a cerca de 900 mil beneficiarios en todo el país.
La decisión judicial fue dictada por el Juzgado Federal de Campana a partir de una presentación impulsada por un grupo reducido de beneficiarios, quienes reclamaron la continuidad del ingreso mensual. A través de una medida cautelar, el tribunal dispuso que el Estado nacional sostenga las prestaciones mientras se analiza el fondo de la cuestión.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello rechazaron el fallo y argumentaron que el programa ya no se encontraba vigente al momento de la resolución. Según indicaron en un comunicado oficial, el plan había sido diseñado con un plazo determinado de dos años, el cual —afirman— se cumplió en su totalidad.
En ese marco, fuentes oficiales remarcaron que el esquema fue reemplazado por una nueva estrategia orientada a promover la inserción laboral. La propuesta contempla un sistema de vouchers de capacitación, destinado a brindar herramientas de formación profesional y facilitar el acceso al empleo formal.
El Ministerio cuestionó además el alcance de la medida judicial, al señalar que fue impulsada por “cinco personas” pero extiende sus efectos a una población cercana al millón de beneficiarios. Desde el organismo consideran que la decisión genera un precedente problemático en términos de administración de políticas públicas.
Especialistas en derecho administrativo coinciden en que las medidas cautelares de carácter colectivo pueden tener impactos significativos cuando se aplican de manera amplia, especialmente en áreas sensibles como la asistencia social. En este caso, el eje del debate gira en torno a la vigencia del programa y la responsabilidad del Estado en garantizar la continuidad de los ingresos.
Por otra parte, desde el Gobierno advirtieron que el cumplimiento del fallo podría afectar la planificación presupuestaria. En particular, sostienen que la reasignación de recursos impediría avanzar con otras iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas el sistema de vouchers de formación y la ampliación de la jornada escolar en sectores vulnerables.
El programa Volver al Trabajo había sido implementado como una política de transición para beneficiarios de planes sociales, con el objetivo de fomentar su incorporación al mercado laboral. Su eventual continuidad, ahora en discusión judicial, reabre el debate sobre el rol del Estado en la asistencia y las estrategias más efectivas para reducir la informalidad.
Mientras se espera la resolución de la apelación, el caso pone en evidencia las tensiones entre las decisiones judiciales y la planificación de políticas públicas, en un contexto económico donde la administración de recursos se vuelve un punto clave de disputa.
