La decisión, adoptada sin aviso previo, impide el ingreso incluso a periodistas con acreditación permanente y se produce tras una denuncia oficial por presunto espionaje.
En un movimiento sorpresivo que generó fuerte repercusión en el ámbito periodístico, el Gobierno nacional dispuso la prohibición de ingreso a la Casa Rosada para todos los periodistas acreditados, incluidos aquellos que contaban con permisos permanentes. La medida se implementó sin comunicación previa y alteró el funcionamiento habitual de la cobertura en la sede del Poder Ejecutivo.
La decisión fue ordenada por el jefe de la Casa Militar, Guillermo Ibañez, área encargada de la seguridad presidencial y del control de accesos al edificio. Según trascendió, la restricción se aplicó de manera inmediata, impidiendo el ingreso de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos que diariamente desarrollan su labor en el lugar.
El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y algunos sectores del periodismo. Apenas un día antes, la administración nacional había presentado una denuncia penal contra un periodista acreditado de un canal de televisión, al que acusó de presunto espionaje ilegal. Como consecuencia directa de esa situación, al trabajador de prensa se le revocó su acreditación.
Sin embargo, la medida adoptada este jueves amplió el alcance de la restricción y terminó afectando a la totalidad de los medios acreditados, generando preocupación en organizaciones periodísticas y en referentes del ámbito de la comunicación. Distintas voces advirtieron que la decisión podría interpretarse como una limitación al ejercicio del periodismo y al acceso a la información pública.
Hasta el momento, no se difundió una explicación oficial detallada sobre los motivos de la medida ni sobre su duración. Tampoco se precisó si se trata de una disposición transitoria o si implicará cambios permanentes en el esquema de cobertura en la Casa Rosada.
El acceso de la prensa a la sede gubernamental es considerado un elemento clave para garantizar la transparencia institucional y el seguimiento de la actividad oficial. En ese sentido, la restricción generó interrogantes sobre cómo se desarrollará, en adelante, la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.
Mientras tanto, se espera que en las próximas horas haya definiciones que permitan esclarecer el alcance de la decisión y sus implicancias para el trabajo periodístico cotidiano.
