La movilización fue fijada para el 12 de mayo frente a la Casa Rosada. El eje central será la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en medio de una fuerte disputa con el Gobierno.
La agenda del conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo: organizaciones estudiantiles, gremiales y autoridades académicas definieron una nueva Marcha Federal para el próximo 12 de mayo, con concentración en la Casa Rosada. La convocatoria no solo apunta a la defensa de la educación pública, sino también a incorporar a otros sectores sociales afectados por la situación económica.
La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, espacios que reúnen a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Desde estos sectores destacaron la necesidad de sostener la visibilidad del conflicto y reforzar la presión para que se garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025.
Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), sostuvo que la convocatoria busca trascender el ámbito educativo y convertirse en una expresión más amplia de descontento social. Según explicó, la intención es confluir con otros sectores que también atraviesan dificultades vinculadas a la pérdida de ingresos y derechos, en un contexto que calificó con duros términos hacia la administración nacional.
El reclamo principal gira en torno a la actualización de partidas presupuestarias, salarios docentes y programas de asistencia estudiantil, puntos que —según denuncian desde el sector— no se están cumpliendo. Esta situación, advierten, impacta directamente en el funcionamiento de las universidades públicas, afectando desde la infraestructura hasta el desarrollo de actividades académicas y científicas.
Desde el Gobierno, en tanto, sostienen una postura firme en rechazo a la implementación de la ley en los términos vigentes. Argumentan que la norma carece de una fuente de financiamiento explícita y que su aplicación implicaría un fuerte desequilibrio fiscal. En ese marco, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para frenar fallos que ordenaban actualizar salarios y fondos universitarios.
De acuerdo con informes del Ministerio de Economía, cumplir con la ley demandaría redirigir más del 90% del presupuesto destinado a gastos primarios, lo que —según la visión oficial— pondría en riesgo el funcionamiento de áreas esenciales del Estado. Entre los ejemplos mencionados, se incluyen posibles interrupciones en servicios de seguridad, el sistema judicial y el funcionamiento del Poder Legislativo.
En paralelo, el Gobierno solicitó que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del tratamiento del caso, al considerar que mantienen vínculos con el sistema universitario. La estrategia judicial se apoya, además, en la normativa vigente sobre medidas cautelares, que establece que la presentación de determinados recursos puede suspender los efectos de decisiones previas.
Mientras el conflicto continúa escalando en los tribunales y en el terreno político, la movilización del 12 de mayo aparece como un nuevo punto de inflexión. Desde la organización anticipan una convocatoria masiva y remarcan que el debate en torno al financiamiento universitario se ha convertido en un eje central de la discusión pública en la Argentina actual.
