La Justicia había ordenado actualizar salarios y becas. Sin señales oficiales, el sistema universitario anticipa una masiva movilización nacional.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario argentino entra en una etapa decisiva. Este viernes finaliza el plazo fijado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Poder Ejecutivo cumpla con la actualización de salarios docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles, tal como lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución judicial, que ratificó una medida cautelar previa, había sido contundente al cuestionar los argumentos oficiales para demorar los pagos. A pesar de ello, hasta el cierre de esta jornada no se registraban avances concretos por parte de la administración de Javier Milei.
El escenario abre la puerta a nuevas tensiones institucionales. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de universidades públicas, advirtieron sobre el incumplimiento y realizaron presentaciones ante la Justicia para exigir la ejecución del fallo. También reclamaron la convocatoria urgente a paritarias nacionales.
De acuerdo con estimaciones oficiales del propio sistema universitario, los fondos transferidos a las casas de estudio sufrieron una caída cercana al 45,6% en términos reales desde 2023. Este deterioro impacta directamente en el funcionamiento académico, la investigación científica y las condiciones laborales de miles de trabajadores.
Mientras tanto, el Frente Universitario —que agrupa a gremios docentes, no docentes, autoridades académicas y estudiantes— anticipó que, de persistir la falta de respuestas, se convocará a una movilización nacional en la primera quincena de mayo. La medida buscaría replicar la masividad de las protestas anteriores en defensa de la educación pública.
El conflicto también se da en un contexto político complejo para el oficialismo, atravesado por cuestionamientos económicos y tensiones internas. En ese marco, el reclamo universitario se posiciona como uno de los temas con mayor sensibilidad social.
En paralelo, distintas federaciones docentes denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Según informes gremiales, los salarios acumulan 17 meses consecutivos de caída, con una reducción real superior al 30%. La recuperación de ese ingreso requeriría incrementos significativamente mayores a los otorgados hasta el momento.
Ante la falta de diálogo, el sistema universitario intensificó las acciones de visibilización. En los últimos días se realizaron jornadas abiertas en todo el país, con actividades académicas, servicios comunitarios y clases públicas, bajo la consigna de defender la educación pública.
La posibilidad de sanciones judiciales a funcionarios por incumplimiento no está descartada, lo que podría profundizar aún más el conflicto. En este escenario, el desenlace dependerá de la decisión del Ejecutivo en las próximas horas.
