La Federación Argentina de Municipios advirtió que recurrirá a la Justicia si no se restituye el flujo de recursos destinados a infraestructura y coparticipación.
Un creciente conflicto entre el Gobierno nacional y los municipios suma un nuevo capítulo. Intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) evalúan presentar una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible malversación de fondos.
La advertencia surgió tras una movilización realizada frente al Ministerio de Economía, donde jefes comunales de la provincia de Buenos Aires y de distintos puntos del país reclamaron por la reducción de transferencias y la paralización de obras públicas. Según expresaron, la situación afecta directamente la capacidad de gestión local y el mantenimiento de infraestructura clave.
Desde la FAM señalaron que existe una retención indebida de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya asignación está regulada por la ley 23.966 —modificada posteriormente por la ley 27.430—. Esa normativa establece que una parte de lo recaudado debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con prioridad en obras viales.
Los intendentes sostienen que el Gobierno nacional no está cumpliendo con ese esquema de distribución. En ese sentido, remarcaron que solo una porción de los fondos habría sido transferida a los organismos correspondientes, mientras que el resto se habría utilizado para otros fines.
De acuerdo con estimaciones elaboradas por equipos técnicos de la federación, durante el último año se habrían recaudado alrededor de 3,5 billones de pesos para ese fideicomiso. Sin embargo, denuncian que una parte significativa no fue destinada a obras de infraestructura vial, como establece la normativa vigente.
En ese contexto, los jefes comunales plantean que la falta de ejecución de esos recursos impacta directamente en el deterioro de rutas nacionales y en la paralización de proyectos estratégicos. Además, advierten que la situación genera un efecto en cadena sobre las economías regionales.
La FAM anticipó que, si no se abre una instancia de diálogo con el Ministerio de Economía para normalizar la transferencia de fondos, avanzará con una presentación judicial en los próximos días.
