Dentro de las Jornadas que habitualmente realiza el Colegio de Abogados de
La Matanza, cuyo presidente es el Dr. Alberto J. Rivas, y más precisamente
dentro del marco del Instituto de Derecho Penal a cargo del Dr. Hugo Lopez
Carribero, el día 27 de junio del corriente la Dra. Analía Cordoba, Fiscal
de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de La Matanza, impartirá una
disertación sobre la Trata de Personas en la sede del Colegio sito en la
calle Entre Ríos 2942.


La trata comercio de personas o tráfico de personas es el comercio ilegal
de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental,
reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de
órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el
bienestar del ser humano.
Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos
de la persona. También, se lo denomina la esclavitud del siglo XXI.
Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la
dignidad de las víctimas consagrados en la carta magna. Esto envuelve la
capitulación y el transporte ilegal de humanos.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (más conocido como
Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en
el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos
aplicados para complementar la Convención.
El fin del acuerdo es favorecer mediante la cooperación internacional, las
investigaciones y procedimientos penales a cargo de los criminales
dedicados a la trata de personas. Un primer objetivo es la intención de
proteger y asistir las víctimas de tales crímenes en el pleno respeto de
los derechos humanos. Se trata del primer instrumento a nivel global para
combatir la trata de seres humanos y el único hasta ahora que atribuye una
definición universal de éste fenómeno.
En la Argentina este delito está penado por la ley. Existen muchas leyes
que sobre este flagelo, sin embargo el delito continúa ocurriendo. Un
avance legal importante en la materia fue la sanción en 2008 de una ley de
trata de personas que intentaba lograr lo que busca el protocolo
internacional, sin embargo a finales de 2012 se amplió y mejoró la ley del
2008 a la Ley 26842. Esta ley fija penas de 3 a 15 años de prisión, aunque
pueden existir agravantes que amplíen las condenas. Desde la primera
sanción de la ley 26.364 en 2008 a principios del 2014 se rescató 6.339
víctimas de explotación laboral y sexual en el país. En febrero de 2006,
siendo ministro del Interior, Aníbal Fernández fue instruido por el
presidente Néstor Kirchner para evaluar el tema de la trata de personas en
Argentina y para preparar un protocolo de atención de mujeres víctimas de
violación. En ese mismo marco, Fernández preparó una tarea que incluyera
brigadas especializadas en atacar la prostitución infantil. Convocó a la
Dra. Eva Giberti para trabajar en la redacción de la Ley contra la Trata
de Personas, que busca conseguir que las víctimas sean activas y exijan al
Estado la detención del violador. En marzo de 2006, Aníbal Fernández creó
el programa «Las Víctimas contra Las Violencias», cuyo objetivo primario
fue la atención de abusos o maltratos causados por el ejercicio de
violencia cualquiera fuere su naturaleza.
El 9 de abril de 2008 el Congreso sancionó la Ley 26.364 de Prevención y
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus .
La PROTEX, el área del Ministerio Público que investiga la trata de
personas. Originada en abril de 2013 bajo el ala del Ministerio Público
Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), bajo
la dirección del doctor Marcelo Colombo, se convirtió en un punto focal
para la investigación de la esclavitud sexual y laboral en la Argentina.
La PROTEX reemplazaba así a la vieja UFASE, la Unidad de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata, para actuar directa e indirectamente en
casos, entrenar personal judicial, orientar y proteger a víctimas desde un
área específica y recolectar y sistematizar la información de causas
judiciales en todo el país.
Hoy en el país, de acuerdo a la PROTEX, existen 6040 casos de personas
desaparecidas: 3231 son mujeres.