La polémica por los decomisos a vendedores ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires encendió el debate en el Conurbano, donde comerciantes de barrio denuncian trabas para habilitar y sostener kioscos y almacenes familiares.

La escena se repitió en redes y noticieros porteños y generó indignación. En pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, un vendedor que ofrecía frutillas en la calle fue rodeado por un fuerte despliegue policial. Según registros de vecinos y periodistas, fueron 14 efectivos los que participaron del procedimiento en Avenida de Mayo, a metros del Congreso, contra un trabajador con discapacidad. El hecho ocurrió a fines de octubre y derivó en el labrado de un acta contravencional y el secuestro de los cajones con mercadería.

La situación no fue aislada. Días antes, en la esquina de Rivadavia y Acoyte, en Caballito, otro joven que vendía paltas y ajos sobre una caja de cartón terminó con su mercadería desparramada en la vereda mientras era rodeado por varios policías, patrulleros y motos. Vecinos que transitaban por la zona filmaron, interpelaron a los agentes y auxiliaron al vendedor. Esos videos, registrados por el periodista Fernando Borroni y difundidos ampliamente, mostraron el malestar social frente a la proporcionalidad de los operativos.

Ambos casos se inscriben en una política de ordenamiento del espacio público impulsada por la gestión de Jorge Macri. Desde el Gobierno porteño se ha presentado como parte de la agenda de seguridad el retiro de manteros, el control de la venta ambulante y la recuperación de veredas, con megaoperativos como el realizado en Flores sobre la avenida Avellaneda, donde intervinieron más de 500 agentes, y con el impulso a reformas en el Código Contravencional que elevan las sanciones por ocupación indebida. El propio jefe de Gobierno incluyó esa línea de acción en sus discursos de 2026 durante la incorporación de nuevos policías.

La intervención del diputado nacional Horacio Pietragalla Corti, quien forcejeó con efectivos para intentar evitar el secuestro de la fruta en Congreso, terminó de darle repercusión nacional al episodio y reabrió una pregunta de fondo: ¿cómo distingue el Estado entre delito, contravención y una estrategia de subsistencia?

Ese interrogante resuena con fuerza en La Matanza. Lejos de las postales de Once o Congreso, en el distrito más poblado de la provincia el reclamo es otro, pero el eje es el mismo: poder trabajar sin que el sistema se convierta en una trampa.

Comerciantes de barrio, kiosqueros y dueños de pequeños almacenes advierten que sostener un local se hace cada vez más cuesta arriba. No solo por la caída del consumo y la presión impositiva, sino por un entramado de habilitaciones, inspecciones y exigencias que, denuncian, resultan difíciles de cumplir. Familias que viven de un mostrador cuentan que para regularizar su situación les solicitan papeles cuya obtención depende, paradójicamente, de otras dependencias del propio Estado, generando un circuito de demoras y costos.

Nadie en el sector pone en discusión la importancia de las normas. Los controles bromatológicos, las condiciones de seguridad e higiene y las habilitaciones formales son herramientas indispensables para cuidar a los clientes y garantizar reglas parejas entre competidores. Lo que piden los comerciantes matanceros es que esos controles lleguen acompañados de asistencia, de ventanillas accesibles y de plazos razonables para ponerse en regla.

En un contexto económico complejo, donde cada persiana que se levanta implica el ingreso de un hogar, la expectativa está puesta en que las autoridades locales revisen los procedimientos, simplifiquen trámites y prioricen la regularización por sobre la clausura inmediata, siempre que no exista riesgo para la salud o la seguridad.

La Matanza necesita más comercio activo, más movimiento económico y más empleo de cercanía. Para eso, remarcan los vecinos, no alcanza con inspeccionar: hace falta acompañar.

El debate que hoy se ve en CABA por unos cajones de frutillas y paltas es, en definitiva, el mismo que se discute detrás de un kiosco de González Catán, San Justo o Laferrere: que el Estado no solo controle, sino que facilite. Que ayudar a encuadrarse en la ley sea el primer paso, y no la amenaza de cierre. Porque cuando un pequeño negocio baja la persiana, no cierra solo un local: se apaga el sustento de una familia.