El dirigente peronista de La Matanza cuestionó la reducción del 50% de las frecuencias nocturnas en las 104 líneas nacionales del AMBA. Advirtió que la medida castiga a los trabajadores que viajan de madrugada y la vinculó a la caída del 10,9% de pasajeros por la crisis económica.

El dirigente peronista cuestionó la reducción de frecuencias en las 104 líneas nacionales del AMBA y advirtió que la medida vuelve a perjudicar a los trabajadores y a los sectores más vulnerables del Conurbano.

“Siempre terminan perjudicando a los que más necesitan, a los trabajadores y a nuestra gente”, expresó con dureza Miguel Saredi ante el anuncio de nuevas restricciones en el transporte público que conecta la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Se cansaron de aumentar el costo del boleto, de hacer que cada vez se viva peor, y ahora siguen restringiendo las frecuencias y deteriorando la calidad de vida y de viaje de nuestra gente. Primero hicieron que viajar fuera cada vez más caro y ahora también será más difícil conseguir un colectivo”, sostuvo.

Una restricción que golpea de lleno al Conurbano

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que operan bajo jurisdicción nacional anunciaron una reducción progresiva de frecuencias, en reclamo por la falta de actualización de los costos reconocidos y de las compensaciones económicas del sistema.

La medida contempla, en una primera etapa, una reducción del 50% de las frecuencias nocturnas, entre las 22:00 y las 05:00, y afecta principalmente a los servicios que conectan el territorio bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.

Para Saredi, se trata de un nuevo golpe para quienes dependen a diario del transporte público:

“¿Quiénes toman los colectivos a esas horas? Los trabajadores que salen tarde de sus empleos, los que ingresan de madrugada, el personal de salud, los empleados de comercio, los gastronómicos, los de seguridad y tantos otros que no tienen otra alternativa para trasladarse. Siempre terminan castigando a los mismos”.

Menos pasajeros, menos unidades y una economía que no funciona

El dirigente advirtió que la crisis del transporte no puede analizarse por fuera del deterioro económico y social que atraviesa el país.

Según cifras oficiales, durante septiembre se registraron aproximadamente 200,9 millones de pasajeros, frente a los 225,3 millones del mismo mes de 2025, lo que representa una caída del 10,9% interanual.

“Ya hubo una baja de más del 10% de los pasajeros en un año. Son millones de viajes menos, cientos de unidades que dejan de circular y familias que tienen que limitar sus desplazamientos porque el dinero no alcanza”, explicó.

“Cuando cae el trabajo, cuando cierran empresas y comercios, cuando los salarios pierden poder adquisitivo y las familias tienen que elegir en qué gastar, también cae el uso del transporte público. Es otra consecuencia del desastre económico que estamos viviendo”, agregó.

Saredi señaló que la caída de pasajeros reduce la recaudación de las empresas, mientras aumentan los costos de funcionamiento, mantenimiento, combustible y salarios, a lo que se suman las obligaciones de fin de año, como el pago del aguinaldo, y un sistema de compensaciones que —según denuncian las empresas— no acompaña la suba de los costos operativos.

“El Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad”

El dirigente reclamó una política integral para sostener el transporte público y proteger a los millones de usuarios que dependen de él.

“Las empresas perciben cada vez menos recaudación por la caída de los viajes, mientras denuncian que las tarifas y los subsidios de jurisdicción nacional no se actualizan al ritmo de sus costos. Pero el resultado no puede ser que millones de personas tengan cada vez menos servicios”, afirmó.

Y cuestionó las asimetrías dentro del propio AMBA: “No puede ser que líneas que recorren territorios similares y transportan a los mismos trabajadores tengan tratamientos tan diferentes según la jurisdicción de la que dependen. Necesitamos una política metropolitana de transporte que piense en el conjunto de los habitantes del AMBA y no en divisiones administrativas”.

La Matanza y el Conurbano, otra vez los más perjudicados

Saredi puso especial énfasis en el impacto para La Matanza y los demás municipios del Conurbano bonaerense.

“Para millones de vecinos el colectivo no es una comodidad ni una opción secundaria. Es la única manera de llegar al trabajo, de estudiar, de atenderse en un hospital o de regresar a sus casas. Cada frecuencia que se elimina significa más tiempo de espera, más dificultades y más inseguridad para quienes deben permanecer en una parada durante la noche o la madrugada”, advirtió.

“Siempre hablamos de las desigualdades que padecen nuestros vecinos del Conurbano. A las dificultades económicas, los menores recursos públicos y los problemas de infraestructura, ahora se agrega un servicio cada vez más caro y más restringido”, añadió.

Las líneas afectadas

La medida alcanza a las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del Conurbano y otras localidades bonaerenses.

Líneas del 1 al 99: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98.

Líneas del 100 al 197: 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Las restricciones se concentrarán inicialmente en la franja horaria de 22:00 a 05:00, con una reducción de hasta el 50% de las frecuencias habituales.

“El transporte público es un derecho social, no un privilegio”

Finalmente, Saredi reclamó una solución urgente que contemple tanto la sustentabilidad de las empresas como las necesidades de los usuarios:

“Hay que encontrar una solución para que las empresas puedan funcionar, los trabajadores del transporte cobren sus salarios y los pasajeros tengan servicios adecuados. Lo que no puede suceder es que siempre sean las familias las que paguen las consecuencias de la crisis”.

Y concluyó: “El transporte público es una herramienta fundamental de integración social, de acceso al trabajo y de igualdad de oportunidades. No podemos resignarnos a que nuestra gente viaje cada vez peor, pague cada vez más y tenga cada vez menos colectivos. Gobernar también significa garantizar que los trabajadores puedan llegar a sus empleos y regresar dignamente a sus hogares”.