La medida regirá este miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Cuatro cámaras nacionales que nuclean al sector privado reclaman una actualización urgente de aranceles frente a un atraso que supera el 100% respecto a la inflación.

El sistema de atención a jubilados atraviesa una nueva instancia crítica. Este miércoles 21 y jueves 22 de octubre, clínicas y sanatorios privados de todo el país interrumpirán de forma programada la atención a afiliados del PAMI.

La decisión fue confirmada por cuatro entidades de alcance nacional: la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), Salud Federal y Clínicas de la Patagonia. En conjunto, representan a más de un centenar de establecimientos.

El eje del conflicto es económico. De acuerdo a los números difundidos por el sector, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 241,8%, mientras que la cápita que abona el PAMI se incrementó en promedio un 110,55% nominal. Ese desfasaje, que las cámaras estiman entre el 100% y el 131%, torna inviable la sustentabilidad del servicio.

Los prestadores también cuestionan el modelo contractual vigente. Denuncian topes para la realización de prácticas, derivación de pacientes hacia hospitales públicos ya saturados y dificultades financieras que comprometen el funcionamiento diario.

Desde la obra social que conduce Esteban Leguízamo señalaron que el diálogo permanece abierto y que se ofreció una recomposición parcial de aranceles para ciertas prácticas, con una reunión técnica prevista para esta semana. Sin embargo, para las cámaras la propuesta resulta insuficiente frente al retraso acumulado.

La medida no alcanzará a las emergencias con riesgo de vida, que continuarán cubiertas por responsabilidad médica, pero sí afectará consultas programadas, estudios ambulatorios y cirugías previstas.

El impacto es significativo: el PAMI brinda cobertura a casi seis millones de personas y el sector privado concentra el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de las camas disponibles del país. Las entidades advirtieron que sin una recomposición que acompañe los costos reales, las dificultades para garantizar la atención se profundizarán.

A esto se suma un reclamo institucional sin respuesta. El pasado 14 de septiembre, las cámaras solicitaron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el respaldo de más de 30 asociaciones regionales, para tratar una reforma tributaria y la regularización fiscal de unas 5.000 instituciones. Hasta ahora, no hubo convocatoria.