Miguel Saredi cuestiona el doble discurso del Gobierno nacional en materia de seguridad y defensa y advierte sobre la situación económica de quienes integran las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A partir de los datos que ubican al personal del Ejército, Servicio Penitenciario, Policía Federal y Gendarmería entre los sectores con mayores niveles de morosidad, plantea que no puede hablarse de una verdadera política de seguridad mientras quienes tienen la responsabilidad de cuidar y defender a los argentinos enfrentan salarios que no les permiten llegar dignamente a fin de mes.
Por Miguel Saredi
En la Argentina se habla cada vez más de seguridad, de defensa nacional y de la necesidad de fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad. Sin embargo, existe una contradicción que no puede seguir siendo ignorada: mientras el discurso oficial reivindica permanentemente el rol de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los argentinos, la realidad económica de muchos de esos hombres y mujeres muestra una situación profundamente preocupante.
Los datos son contundentes.
El Ejército registra un 29,3% de morosidad entre su personal, seguido por el Servicio Penitenciario con el 28,1%, la Policía Federal con el 23,8% y la Gendarmería con el 23,6%.
También aparecen la Prefectura Naval con el 21,5%, la Fuerza Aérea con el 21,2% y la Policía de Seguridad Aeroportuaria con el 20,6%.
El gráfico difundido muestra además un promedio de morosidad del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad cercano al 25%, por encima del promedio señalado para el conjunto del Estado nacional.
No estamos hablando solamente de números.
Detrás de cada porcentaje hay un hombre o una mujer que trabaja para el Estado, que cumple horarios, que asume responsabilidades y que, en muchos casos, arriesga su propia vida para proteger a los demás.
Hay efectivos que patrullan nuestras calles, custodios que trabajan en establecimientos penitenciarios, integrantes de Gendarmería que cumplen funciones en nuestras fronteras, miembros de Prefectura que protegen nuestros ríos y mares y hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que tienen responsabilidades estratégicas para la defensa nacional.
¿Puede un país hablar seriamente de seguridad y defensa si quienes tienen la responsabilidad de garantizarlas tienen dificultades para llegar a fin de mes?
Creo que no.
El Gobierno puede anunciar operativos, nuevos despliegues, reformas, equipamiento o políticas de seguridad. Todo eso puede ser necesario. Pero existe una cuestión básica que no puede quedar relegada: quienes cuidan a los argentinos también tienen que ser cuidados por el Estado.
Y cuidar también significa garantizar salarios dignos.
El endeudamiento de una familia no aparece de un día para otro. Es la consecuencia de ingresos que no alcanzan frente al aumento del costo de vida, de la pérdida del poder adquisitivo y de la necesidad de recurrir permanentemente al crédito para cubrir gastos básicos.
Cuando esa realidad alcanza a una proporción significativa del personal de las fuerzas, deja de ser un problema individual. Se convierte en un problema institucional y, fundamentalmente, en un problema de política pública.
Existe un evidente doble discurso cuando se reivindica públicamente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero al mismo tiempo no se les brinda una respuesta acorde con la responsabilidad que se les exige.
No alcanza con decir que las fuerzas son importantes.
Hay que demostrarlo con hechos.
Eso significa salarios dignos, capacitación, equipamiento, condiciones laborales adecuadas y una política integral que contemple también a las familias de quienes cumplen estas funciones.
La seguridad no comienza solamente cuando un efectivo sale a patrullar. La seguridad también comienza cuando ese trabajador sabe que puede sostener a su familia, pagar sus obligaciones y proyectar su futuro sin quedar atrapado en una espiral permanente de endeudamiento.
Lo mismo ocurre con la defensa nacional. Una Nación que pretende recuperar capacidades estratégicas debe comprender que el recurso humano es uno de sus principales activos.
Por eso, los porcentajes difundidos deberían generar preocupación en todos los sectores políticos.
29,3% de morosidad en el Ejército. 28,1% en el Servicio Penitenciario. 23,8% en la Policía Federal. 23,6% en Gendarmería.
No son simplemente cifras.
Son trabajadores argentinos que necesitan respuestas.
La Argentina necesita una política de seguridad seria, profesional y sostenida en el tiempo. Y también necesita una política de defensa nacional que esté a la altura de los desafíos del país.
Pero ninguna de las dos puede construirse sobre trabajadores empobrecidos.
Defender a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad también significa defender su dignidad, sus salarios y el bienestar de sus familias.
Porque si realmente queremos una Argentina más segura, primero tenemos que reconocer y valorar a quienes todos los días tienen la responsabilidad de hacerla posible.
No hay seguridad ni defensa nacional con salarios de pobreza.
