Dos de los fiscales que habían sido designados en septiembre de 2024 para reforzar el Departamento Judicial La Matanza quedaron recientemente fuera de funciones por distintas situaciones de salud. La salida de ambos vuelve a generar vacantes en uno de los distritos judiciales más importantes de la provincia.
La Justicia de La Matanza vuelve a quedar frente a un escenario de vacantes que podría impactar en el funcionamiento de las fiscalías del distrito. Dos fiscales que habían asumido sus cargos en septiembre de 2024 dejaron de desempeñar sus funciones de manera habitual por diferentes circunstancias vinculadas con su salud.
Uno de los funcionarios sufrió un accidente cerebrovascular, mientras que la otra fiscal solicitó una licencia por razones psiquiátricas. Aunque se trata de situaciones completamente diferentes y de carácter personal, el resultado institucional es coincidente: dos fiscalías del Departamento Judicial La Matanza vuelven a quedar sin sus titulares efectivos.
El dato adquiere especial relevancia porque ambos funcionarios habían sido incorporados apenas dos años atrás a partir de un amplio acuerdo político alcanzado en el Senado bonaerense para avanzar con la cobertura de cientos de cargos que permanecían vacantes en el Poder Judicial.
Dos fiscalías que habían sido incorporadas al paquete de 2024
El 18 de septiembre de 2024, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó 135 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. El paquete contempló cargos de jueces, camaristas, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz correspondientes a 19 departamentos judiciales. Entre ellos se encontraba La Matanza.
En el caso específico del Departamento Judicial La Matanza, el listado aprobado incluyó seis agentes fiscales: Sara Beatriz Cáceres, Sebastián Pablo Gallo, Matías Nahuel Marando, Diego Ignacio Rulli, Evangelina Laura Sánchez y Gonzalo Agustín Tarrio Suárez.
La incorporación de fiscales para La Matanza había tenido, además, una particular importancia dentro de las negociaciones políticas que rodearon aquel paquete de designaciones.
Los pliegos habían comenzado siendo 129, pero posteriormente se incorporaron nuevos postulantes. Distintas reconstrucciones periodísticas señalaron que una parte importante de esas incorporaciones correspondió a La Matanza, un distrito con fuerte peso político dentro del oficialismo provincial.
Finalmente, los 135 nombres fueron aprobados por el Senado en una sesión en la que el acuerdo entre distintos sectores políticos permitió destrabar el tratamiento de los cargos.
Ahora, La Matanza vuelve a perder dos fiscales
La situación actual vuelve a colocar a La Matanza ante un problema que el proceso de 2024 había intentado comenzar a resolver: la falta de funcionarios suficientes para atender la enorme demanda del sistema judicial.
Las dos ausencias se produjeron por circunstancias de salud diferentes. Uno de los fiscales sufrió un ACV y debió apartarse de sus funciones. En el otro caso, una fiscal inició una licencia psiquiátrica.
Por tratarse de licencias y situaciones médicas, la ausencia de los funcionarios no debe interpretarse como una renuncia ni como una remoción de sus cargos. Sin embargo, mientras se prolonguen las circunstancias que impiden su actividad habitual, el sistema debe disponer los mecanismos correspondientes para garantizar que las investigaciones penales continúen.
El impacto potencial no es menor. Las fiscalías tienen a su cargo la investigación de delitos, la recepción y dirección de denuncias, la producción de medidas probatorias y la intervención en procesos penales. En un distrito de las dimensiones de La Matanza, cualquier reducción en la cantidad de funcionarios disponibles puede incrementar la carga de trabajo sobre las fiscalías restantes.
Un distrito que había recibido seis nuevos fiscales
La magnitud del problema puede dimensionarse al observar el proceso de designaciones de 2024. De los 135 pliegos aprobados, los últimos seis correspondieron precisamente a agentes fiscales de La Matanza.
Aquella incorporación había sido presentada como parte de una estrategia para reducir las vacantes existentes en el Poder Judicial bonaerense. Al momento de iniciarse el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, la provincia registraba 644 cargos vacantes sobre un universo de 2.645 magistrados. Con las designaciones realizadas durante 2024, ese número se redujo significativamente.
Sin embargo, la situación actual demuestra que la cobertura de vacantes es un proceso permanente. La salida temporal o definitiva de un funcionario vuelve a generar necesidades que deben ser atendidas por las autoridades judiciales.
El antecedente político de las designaciones
La tanda de nombramientos de septiembre de 2024 no fue una decisión menor. El gobernador bonaerense Axel Kicillof había logrado construir un acuerdo con sectores de la oposición para conseguir el respaldo legislativo a los pliegos. La aprobación alcanzó a 135 cargos y se produjo con una amplia mayoría.
La discusión había tenido además un capítulo particular alrededor de La Matanza. El paquete original había sido ampliado durante el proceso de negociación y se sumaron postulaciones provenientes de ese Departamento Judicial.
En ese contexto, la incorporación de fiscales para La Matanza tenía una importancia adicional por las necesidades de un distrito que concentra una enorme cantidad de habitantes y una elevada actividad judicial.
El desafío de mantener funcionando las fiscalías
La nueva situación vuelve a poner el foco en la capacidad de la Justicia bonaerense para sostener sus estructuras cuando los titulares de los cargos deben ausentarse durante períodos prolongados.
El sistema cuenta con mecanismos de subrogancia y reemplazo destinados a evitar que una fiscalía quede paralizada. No obstante, cuando existen varias vacantes simultáneas o las ausencias se extienden en el tiempo, la distribución de expedientes y responsabilidades puede aumentar la presión sobre otros funcionarios.
En La Matanza, donde la cantidad de causas y denuncias exige una estructura fiscal amplia, el desafío adquiere una dimensión particular.
La provincia había avanzado en 2024 con una de las mayores tandas de designaciones judiciales de los últimos años. De hecho, ese año el Senado aprobó en total 181 pliegos, contabilizando también los 46 cargos aprobados en mayo.
Pero el paso del tiempo vuelve a mostrar que aquella cobertura no constituye una solución definitiva.
La Matanza vuelve a perder dos fiscales y, con ello, reaparece una problemática que el acuerdo político de 2024 había buscado atenuar: la necesidad de contar con una estructura judicial estable, completa y capaz de responder a la demanda de uno de los departamentos judiciales más importantes de la provincia de Buenos Aires.
