El abogado Gregorio Dalbón presentó una solicitud ante la Justicia Federal para que se dicte la prisión preventiva del ex jefe de Gabinete, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Como alternativa, pidió que se le prohíba salir del país.
La situación judicial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que el abogado Gregorio Dalbón solicitara formalmente ante la Justicia Federal que se dicte su prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La presentación fue realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene a su cargo la instrucción de la causa.
El planteo judicial sostiene que existen elementos suficientes para considerar que Adorni podría intentar eludir el accionar de la Justicia o interferir en la producción de pruebas. Según el escrito, la reciente salida del ex funcionario del Gobierno modificó las condiciones que hasta ahora habían sido evaluadas durante el expediente, motivo por el cual la querella entiende que corresponde revisar su situación procesal.
Entre los fundamentos expuestos por Dalbón se menciona un supuesto riesgo concreto de fuga, basado en la capacidad económica atribuida al ex funcionario y en la posibilidad de abandonar el país. Además, el abogado argumentó que existirían antecedentes que indicarían un presunto intento de influir sobre un testigo considerado clave dentro de la investigación, circunstancia que, de comprobarse, podría representar un riesgo de entorpecimiento del proceso judicial.
De manera subsidiaria, en caso de que el juez no haga lugar al pedido de prisión preventiva, la presentación solicita la prohibición inmediata de salida del territorio argentino y la retención del pasaporte de Adorni, además de la correspondiente comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que derivó en una investigación sobre la evolución patrimonial del entonces funcionario. Durante los últimos meses, el expediente incorporó distintas medidas de prueba vinculadas con operaciones inmobiliarias, declaraciones patrimoniales y movimientos económicos que son analizados por la fiscalía.
Entre los aspectos investigados figuran la compra de propiedades, el financiamiento de determinadas operaciones y remodelaciones de inmuebles, además de la documentación presentada en las declaraciones juradas del ex jefe de Gabinete. La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si existieron irregularidades patrimoniales que puedan configurar delitos contra la administración pública.
Por el momento, el pedido de prisión preventiva constituye una solicitud de la querella y deberá ser evaluado por la Justicia, que será la encargada de resolver si corresponde adoptar alguna medida restrictiva de la libertad o limitar la posibilidad de que Adorni abandone el país mientras avanza la investigación. Hasta tanto exista una resolución judicial, el planteo no implica una decisión firme sobre su situación procesal.
