Miguel Saredi puso en duda el relato oficial sobre la seguridad en Rosario tras la muerte de un agente federal en Villa Banana y advirtió que la violencia narco nunca desapareció. «Se vendió una pacificación que no existía mientras los policías seguían exponiendo sus vidas todos los días», sostuvo.
Por Miguel Saredi
La muerte del agente federal Rodolfo Arnaldo Manfredi y las gravísimas heridas sufridas por el cabo Emilio Gómez Villafañe en Rosario no son solamente una tragedia policial. Son, además, la confirmación brutal de una realidad que muchos intentaron ocultar detrás de discursos triunfalistas y campañas de marketing político.
Mientras desde el Gobierno Nacional se repetía que Rosario había dejado atrás sus peores años y que el denominado Plan Bandera era un éxito indiscutible, en los barrios más castigados por el narcotráfico la realidad seguía siendo otra. Los vecinos lo sabían. Los policías lo sabían. Los delincuentes también.
Hoy, lamentablemente, esa realidad vuelve a cobrar vidas.
Durante la madrugada, efectivos de la Policía Federal que recorrían el interior de Villa Banana, uno de los sectores históricamente más complejos de Rosario, fueron atacados a tiros cuando intentaban identificar a un grupo de sospechosos. Como consecuencia del ataque, murió el agente Rodolfo Arnaldo Manfredi, de apenas 30 años, padre de dos hijos pequeños, mientras que el cabo Emilio Gómez Villafañe recibió un disparo en el tórax y permanece internado en terapia intensiva.
La noticia golpea de lleno a quienes durante meses advirtieron que la situación estaba lejos de estar resuelta.
«Rosario nunca dejó de ser peligrosa. Lo que hubo fue una construcción política para instalar que el problema estaba controlado cuando en realidad los hechos violentos seguían ocurriendo todos los días», sostengo con absoluta convicción.
Porque lo cierto es que muchos episodios jamás alcanzan difusión nacional. Muchos enfrentamientos, amenazas, balaceras y procedimientos armados quedan circunscriptos a los partes policiales o a la preocupación cotidiana de los vecinos. Sin embargo, la violencia sigue presente, muta, se reorganiza y reaparece cada vez que el Estado baja la guardia o pretende reemplazar la gestión por la propaganda.
Resulta imposible no recordar las numerosas declaraciones de la ministra Patricia Bullrich presentando a Rosario como un ejemplo exitoso de recuperación de la seguridad. Nadie puede negar que hubo operativos, despliegues y recursos. Pero una cosa es reducir determinados indicadores y otra muy distinta es afirmar que la ciudad dejó de ser un territorio de alto riesgo.
Los hechos ocurridos en Villa Banana son una demostración contundente de ello.
Pero además surge otro aspecto sumamente preocupante: las crecientes denuncias internas realizadas por efectivos afectados al Plan Bandera.
Distintos testimonios señalan presuntas situaciones de hostigamiento laboral, presiones indebidas, amenazas de sanciones disciplinarias, exigencias extremas y decisiones operativas cuestionadas que habrían generado malestar dentro de las fuerzas desplegadas en Rosario.
Si esas denuncias resultan ciertas, la gravedad institucional es enorme.
No se puede exigir heroísmo permanente a hombres y mujeres que enfrentan a organizaciones criminales altamente violentas mientras denuncian sentirse desprotegidos por determinadas estructuras de mando.
«No alcanza con enviar más patrulleros o más efectivos. También hay que garantizar condiciones operativas adecuadas, respaldo institucional y respeto por quienes ponen el cuerpo todos los días», remarco.
La muerte de Manfredi obliga a formular preguntas incómodas.
¿Se evaluaron correctamente los riesgos de las tareas asignadas?
¿Existían las condiciones operativas necesarias para intervenir en una zona de semejante complejidad?
¿Se escucharon las advertencias que venían realizando numerosos efectivos?
¿Hubo errores de conducción que deben investigarse?
Estas preguntas no constituyen una acusación. Constituyen una obligación.
Porque cuando un servidor público cae cumpliendo su deber, el Estado tiene la responsabilidad de investigar hasta el último detalle de lo ocurrido.
La Argentina necesita recuperar la autoridad frente al crimen organizado. Pero esa autoridad no puede construirse sobre relatos ni sobre estadísticas aisladas. Debe edificarse sobre diagnósticos honestos, políticas sostenidas y protección efectiva para quienes enfrentan al delito.
La muerte del agente Rodolfo Manfredi merece justicia.
La situación crítica del cabo Emilio Gómez Villafañe exige acompañamiento y solidaridad.
Y la sociedad argentina merece saber la verdad completa.
Porque Rosario nunca dejó de ser un desafío para el Estado.
Y cuando la política intenta reemplazar la realidad por el relato, tarde o temprano la realidad termina imponiéndose.
Esta vez, lamentablemente, lo hizo a los tiros.
