El máximo tribunal desestimó los pedidos para apartar a magistrados que intervienen en el expediente por la Ley de Financiamiento Universitario. También rechazó excusarse de participar en el caso.
La disputa judicial por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo con una resolución adversa para el Gobierno nacional. La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos presentados por el Estado para apartar a los jueces que intervienen en la causa vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que continúa generando tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario.
La decisión fue firmada por los ministros de la Corte y dejó sin efecto las recusaciones impulsadas por la administración nacional contra magistrados de instancias inferiores. Además, el máximo tribunal desestimó los pedidos para que sus propios integrantes se apartaran del expediente.
El conflicto judicial gira en torno a la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y a la validez del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno sostuvo que la norma no podía ejecutarse hasta que se determinaran las fuentes específicas de financiamiento. La presentación judicial fue impulsada por representantes del sistema universitario público, quienes reclamaron el cumplimiento efectivo de la ley aprobada por el Congreso.
La controversia se originó después de que la Justicia dictara medidas cautelares que ordenaron al Estado avanzar con la actualización de partidas destinadas a universidades, becas y salarios docentes. Distintos tribunales habían señalado previamente que el Poder Ejecutivo debía cumplir con la normativa vigente mientras se resolvía el fondo de la cuestión.
En paralelo, el debate trasciende el ámbito judicial y mantiene una fuerte repercusión política y social. Durante los últimos meses se realizaron marchas federales, clases públicas y diversas manifestaciones impulsadas por rectores, docentes, estudiantes y trabajadores universitarios que reclaman mayores recursos para sostener el funcionamiento de las casas de estudio.
Con esta resolución, la Corte no definió todavía el fondo del litigio, pero sí ratificó la continuidad de todos los magistrados que vienen interviniendo en el expediente. De esta manera, el proceso judicial continuará su curso mientras el máximo tribunal analiza los planteos centrales vinculados al financiamiento de la educación superior pública en Argentina.
