La cámara que agrupa al transporte de larga distancia aseguró que continuará otorgando boletos sin costo, aunque denunció que el Estado mantiene una deuda millonaria desde fines de 2024.
Las empresas de transporte de larga distancia confirmaron que seguirán entregando pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores bajo tratamiento oncológico, aun después de la eliminación del régimen de compensaciones económicas que abonaba el Estado nacional.
La aclaración surgió luego de que el Gobierno oficializara, mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, el fin del sistema de subsidios que durante años cubrió parcialmente el costo de esos boletos especiales. Desde el sector empresario señalaron que la medida no modifica el derecho de los beneficiarios, aunque advirtieron sobre el fuerte impacto económico que genera la falta de pagos oficiales.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) indicaron que las compañías continúan cumpliendo con la normativa vigente y remarcaron que la gratuidad del servicio “no sufrió cambios”. Sin embargo, denunciaron que las compensaciones estatales dejaron de abonarse desde diciembre de 2024, situación que —según afirmaron— generó una deuda acumulada multimillonaria.
El conflicto se desarrolla en medio del proceso de desregulación del transporte automotor impulsado por el Gobierno nacional. Con el Decreto 883/2024, el servicio de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público, permitiendo a las empresas modificar recorridos, frecuencias y tarifas con mayor libertad. Aun así, la obligación de garantizar pasajes gratuitos para personas con discapacidad continúa vigente por las leyes nacionales que protegen ese derecho.
La normativa alcanzada por la eliminación de subsidios contemplaba beneficios para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pacientes trasplantados, personas en lista de espera para trasplantes y niños y adolescentes con cáncer. Hasta ahora, las empresas recibían reintegros parciales por los boletos emitidos, mecanismo que había sido implementado en 2018.
En paralelo, organismos oficiales habían intensificado durante los últimos años los controles sobre las compañías por incumplimientos en la entrega de pasajes gratuitos. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llegó a aplicar cientos de sanciones y advertencias a empresas por negar o limitar el acceso a esos boletos.
Desde asociaciones vinculadas a la discapacidad expresaron preocupación por el escenario actual y temen que la eliminación de las compensaciones derive en mayores dificultades para conseguir lugares disponibles. No obstante, remarcan que el beneficio continúa respaldado por la legislación nacional y por resoluciones judiciales que obligan a las empresas a garantizar el servicio.
