La implementación del Fondo de Asistencia Laboral quedó suspendida y recién podría avanzar en 2027. En el Ejecutivo admiten preocupación por el impacto fiscal y el efecto sobre las cuentas de la ANSES.
El plan oficial para transformar el sistema de indemnizaciones laborales sufrió un freno inesperado. El Gobierno nacional decidió aplazar sin fecha concreta la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta contemplada dentro de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que apuntaba a sustituir el esquema tradicional de compensaciones por despido.
La medida debía comenzar a regir de manera obligatoria a partir del 1° de junio, pero finalmente el Ministerio de Economía resolvió suspender su aplicación. La decisión fue impulsada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, luego de que distintos informes internos advirtieran sobre el fuerte impacto que tendría el mecanismo sobre el financiamiento previsional.
El sistema planteaba que las empresas realizaran aportes periódicos a fondos fiduciarios privados destinados a cubrir eventuales desvinculaciones laborales. Según el diagnóstico elaborado dentro del área económica, ese desvío de contribuciones patronales provocaría una pérdida cercana a los 4,5 billones de pesos anuales para la ANSES, en un contexto marcado por la caída de la recaudación tributaria y el ajuste del gasto público.
La suspensión dejó además al descubierto diferencias dentro del propio gabinete nacional. Mientras sectores alineados con Federico Sturzenegger promovían avanzar rápidamente con la desregulación laboral y la reducción de costos para las empresas, desde Economía comenzaron a observar con preocupación el posible deterioro de las cuentas previsionales.
Fuentes vinculadas al análisis técnico señalaron que el nuevo esquema todavía carece de definiciones operativas claras, especialmente respecto al funcionamiento de los fondos privados, los mecanismos de control y las garantías para los trabajadores ante eventuales incumplimientos.
El FAL había sido presentado por el oficialismo como una alternativa “moderna” al sistema tradicional de indemnizaciones. Entre los argumentos a favor, el Gobierno sostenía que permitiría reducir la litigiosidad laboral y otorgar previsibilidad a las empresas. Sin embargo, sindicatos y especialistas en derecho laboral cuestionaron desde el inicio el proyecto, al considerar que implicaba una pérdida de derechos adquiridos y una transferencia de riesgos hacia los trabajadores.
La decisión de postergar el esquema hasta 2027 también responde a la compleja situación macroeconómica. Con una actividad económica todavía golpeada y una recaudación previsional debilitada, el Ejecutivo busca evitar nuevos desequilibrios financieros que puedan afectar el objetivo de déficit cero.
Mientras tanto, el sistema tradicional de indemnizaciones continuará vigente. En el sector empresario existe incertidumbre sobre el futuro de la reforma, ya que algunas cámaras consideraban al FAL como una herramienta clave para reducir costos laborales y facilitar nuevas contrataciones.
La pausa en la implementación abre ahora un nuevo capítulo dentro del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en medio de tensiones internas y fuertes discusiones sobre el equilibrio entre flexibilización económica y sostenibilidad del sistema previsional.
