El Senado otorgó media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa modifica procedimientos vinculados con desalojos y ocupaciones, mientras organizaciones sociales y sectores vinculados al derecho a la vivienda advierten sobre una posible reducción de garantías para inquilinos y familias de barrios populares.
El debate por el acceso a la vivienda sumó un nuevo capítulo en Argentina luego de que el Senado aprobara, con 37 votos afirmativos y 33 negativos, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa pasó ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su recorrido legislativo antes de convertirse eventualmente en ley.
Aunque el proyecto fue presentado por el Gobierno como una herramienta destinada a reforzar la seguridad jurídica y brindar mayor protección a quienes son titulares de inmuebles, uno de los puntos que generó mayor controversia está relacionado con los procedimientos para recuperar propiedades ocupadas y con la situación de los inquilinos frente a eventuales incumplimientos contractuales.
El tratamiento parlamentario estuvo atravesado por modificaciones respecto del proyecto original. De hecho, antes de la votación el oficialismo retiró dos capítulos especialmente cuestionados: uno referido a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y otro relacionado con el cambio de uso de determinados terrenos afectados por incendios. Esos cambios permitieron reunir los votos necesarios para conseguir la media sanción.
Un procedimiento más rápido
La discusión sobre los desalojos ocupa un lugar central porque el proyecto busca modificar las herramientas judiciales disponibles para recuperar inmuebles frente a situaciones de ocupación. Durante las negociaciones previas en el Senado se planteó un mecanismo acelerado para los casos de falta de pago de alquileres y procedimientos todavía más breves para determinadas situaciones de ocupación.
El debate adquiere especial importancia para quienes alquilan una vivienda. El régimen vigente establece determinadas instancias previas antes de iniciar un proceso de desalojo por falta de pago. El Código Civil y Comercial contempla, por ejemplo, una intimación fehaciente al inquilino y un plazo mínimo para regularizar la deuda antes de avanzar judicialmente.
El proyecto plantea modificar ese esquema procesal y avanzar hacia procedimientos más ágiles. Para sus impulsores, el objetivo consiste en evitar que los procesos se extiendan durante largos períodos y generar mayores certezas para los propietarios. Para las organizaciones que cuestionan la iniciativa, en cambio, la reducción de tiempos puede dejar a familias con menos posibilidades de defenderse ante una demanda de desalojo.
La preocupación por los barrios populares
La discusión no se limita a los contratos de alquiler. Otro de los puntos sensibles está relacionado con las familias que viven en barrios populares y con el sistema de protección que se desarrolló en los últimos años para evitar desalojos mientras avanzan procesos de regularización e integración urbana.
Un documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que la iniciativa podía afectar la protección de quienes habitan barrios populares, además de modificar normas vinculadas con alquileres, desalojos y políticas de acceso al suelo.
El proyecto también fue analizado en las comisiones del Senado con la participación de representantes de distintos sectores. Entre los expositores convocados durante el debate estuvo Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, en una instancia destinada precisamente a discutir las modificaciones propuestas.
Desde el oficialismo, la defensa de la reforma se vinculó con la necesidad de fortalecer el derecho de propiedad y otorgar herramientas más eficaces a quienes sufren ocupaciones. El propio Senado señaló durante el tratamiento que la iniciativa contempla modificaciones al Código Civil y Comercial y al Código Procesal, además de cambios en otras normas vinculadas con la propiedad.
Un cambio de paradigma en discusión
El trasfondo del debate excede la cuestión estrictamente judicial. La iniciativa plantea una redefinición del equilibrio entre el derecho de propiedad, las obligaciones contractuales y las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda.
Para quienes respaldan el proyecto, agilizar los desalojos puede contribuir a reducir los riesgos que enfrentan los propietarios y, eventualmente, incentivar una mayor disponibilidad de inmuebles para alquiler. Para quienes lo cuestionan, una reducción de las garantías procesales puede profundizar la vulnerabilidad de quienes dependen del alquiler como única alternativa habitacional.
La legislación vigente ya establece mecanismos para reclamar el inmueble cuando una locación termina y contempla procedimientos judiciales para recuperar la tenencia. La reforma busca hacer esos procesos más rápidos y reforzar la posición jurídica del propietario.
La media sanción no implica todavía la entrada en vigencia de los cambios. El texto deberá ser analizado por Diputados y, eventualmente, aprobado por ambas cámaras y promulgado para convertirse en una norma obligatoria.
Por eso, el futuro de la iniciativa volverá a poner en el centro de la escena una discusión que atraviesa a millones de personas: hasta dónde debe llegar la protección de la propiedad privada y cuáles son las garantías que deben mantenerse para quienes alquilan o atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.
