Movimientos sociales, organizaciones de la economía popular y centrales sindicales anunciaron un plan de lucha con movilizaciones, piquetes y una marcha federal luego de que la Justicia habilitara el cierre del programa Volver al Trabajo.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la Cámara Federal de San Martín de habilitar el cierre del programa Volver al Trabajo, una resolución que impactará sobre cientos de miles de beneficiarios en todo el país y que ya provocó la convocatoria a una serie de protestas de alcance nacional.
Luego de conocerse el fallo judicial, referentes de movimientos sociales y de la economía popular resolvieron avanzar con un plan de lucha que contempla cortes de calles y rutas, movilizaciones regionales y una marcha federal hacia la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo será reclamar la continuidad de la asistencia estatal y exigir una respuesta del Poder Ejecutivo frente a la situación de las familias alcanzadas por el programa.
La decisión judicial dejó sin efecto una medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a sostener el pago del beneficio, permitiendo al Gobierno avanzar con el cierre definitivo del programa desde agosto. Según trascendió oficialmente, el esquema sería reemplazado por un sistema de vouchers destinados a capacitación laboral, una iniciativa que el Ejecutivo presenta como una herramienta orientada a fomentar la inserción en el mercado de trabajo.
Sin embargo, desde las organizaciones sociales sostienen que la medida dejará sin un ingreso mensual a unas 900.000 personas y advierten que el reemplazo previsto no garantiza una cobertura económica equivalente ni responde a las necesidades inmediatas de los sectores más vulnerables.
El plan de protestas cuenta además con el respaldo de sectores de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), que en las últimas semanas vienen impulsando acciones conjuntas frente a distintas políticas del Gobierno nacional.
Entre los principales reclamos también figuran la actualización del Salario Social Complementario, la continuidad de políticas de integración socio-urbana y la reactivación de obras paralizadas en distintos puntos del país. Las organizaciones sostienen que el contexto económico agrava la situación social y consideran indispensable mantener mecanismos de asistencia mientras no existan alternativas laborales suficientes.
En este escenario, las próximas semanas estarán marcadas por una fuerte agenda de movilizaciones que podría generar complicaciones en la circulación y aumentar la tensión política entre el oficialismo y los movimientos sociales.
