El fallo establece un plazo de 72 horas para normalizar la cadena de pagos y garantizar la continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad.
La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional regularizar en un plazo máximo de 72 horas la cadena de pagos destinada a las prestaciones vinculadas a personas con discapacidad. La resolución fue firmada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja y alcanza tanto al PAMI como al Ministerio de Salud de la Nación, organismos que deberán adoptar medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del sistema.
La decisión judicial surgió luego de una presentación impulsada por entidades y prestadores del sector que denunciaron demoras en los pagos, situaciones de endeudamiento y dificultades para sostener servicios fundamentales destinados a miles de beneficiarios. Entre las principales preocupaciones se encuentran las prestaciones destinadas a personas que cuentan con pensiones no contributivas y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En la resolución, el magistrado consideró que la interrupción o el retraso en los pagos podría afectar derechos esenciales de una población especialmente vulnerable. Por ese motivo, dispuso que las autoridades nacionales arbitren de manera inmediata los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas, terapéuticas, educativas y de transporte.
El conflicto se agravó en las últimas semanas debido a reclamos de instituciones y profesionales que alertaron sobre una situación económica crítica. Diversos centros de atención y transportistas señalaron que los atrasos acumulados dificultan el pago de salarios, combustible, alquileres y otros costos operativos indispensables para continuar brindando servicios.
Organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron además que muchas familias dependen exclusivamente de estas prestaciones para acceder a tratamientos de rehabilitación, acompañamiento terapéutico y asistencia integral. En ese contexto, remarcaron que cualquier interrupción puede tener consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes.
El fallo judicial también puso el foco en la obligación del Estado de garantizar el acceso a derechos protegidos por normas nacionales e internacionales. Entre ellas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a la legislación argentina, que establece la responsabilidad estatal de asegurar condiciones de igualdad e inclusión.
Mientras tanto, prestadores y asociaciones continúan reclamando una actualización de aranceles y mecanismos de pago más ágiles para evitar nuevas demoras. El sector sostiene que la inflación y el aumento de costos provocaron un fuerte deterioro financiero que compromete la sustentabilidad del sistema.
La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y las organizaciones vinculadas a la discapacidad, en un escenario marcado por ajustes presupuestarios y crecientes reclamos por el sostenimiento de políticas públicas esenciales.
