En una mirada crítica sobre la situación económica y social de la Argentina actual, Alejandro Squitieri cuestiona el relato oficial del superávit fiscal del gobierno de Javier Milei. El autor plantea que el ajuste del gasto público, la paralización de áreas esenciales y el endeudamiento encubierto construyen una imagen económica distorsionada que termina afectando directamente a la sociedad y al rol del Estado.
Por Alejandro Squitieri
Cuando nos engañan con cuestiones que cualquiera puede corroborar desde la simpleza de la vida cotidiana —como hacer cuentas entre lo que entra, lo que sale y lo que queda pendiente— queda en evidencia cómo gran parte de la sociedad argentina muchas veces prefiere creer aquello que coincide con sus ideas o con los dirigentes a quienes sigue, en lugar de analizar racionalmente la realidad para evitar que nos mientan descaradamente.
Podría existir un superávit entre lo que se exporta y lo que se importa. También podrían haberse reducido los gastos del Estado, aunque esto haya ocurrido a costa de abandonar áreas fundamentales como la salud, la educación, la seguridad y el transporte, mediante la quita o el no pago de subsidios. A esto se suma la paralización de la obra pública y hasta la falta de mantenimiento de rutas, puentes e infraestructura básica.
Ese superávit podría ser real únicamente si no existiera deuda. Sin embargo, la deuda existe y es cada vez mayor. El Estado mantiene compromisos impagos con muchas provincias por fondos correspondientes a la coparticipación y, además, no envía partidas previstas en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso para salud, educación y obra pública; casualmente, siempre los mismos sectores son los más perjudicados.
A esto se agrega la emisión de bonos mediante la cual ingresa capital que el Gobierno incluye dentro de “su superávit de fantasía”, pero sin registrar correctamente esas obligaciones en el debe. Como consecuencia de todo esto, la recaudación continúa cayendo, porque la economía no crece como también intentan hacernos creer.
Resulta preocupante el nivel de credulidad de una sociedad que no solo se deteriora intelectualmente, sino también en valores básicos que debería sostener cualquier nación coherente y orientada al bienestar general. Sin advertirlo, se permite que los poderes concentrados destruyan aquello que nos pertenece a todos como ciudadanos: el Estado nacional.
Cuando un candidato presidencial proclamaba que “venía a destruir el Estado”, muchos de quienes lo votaron no comprendieron que, al hacerlo, también destruía sus propias posibilidades de acceder a derechos esenciales como la educación, la salud y otros servicios fundamentales. La gran mayoría de la población no podría acceder a ellos si dejaran de ser gratuitos y quedaran exclusivamente en manos del sector privado.
Volvamos a ser una sociedad donde el engaño y la falsedad por parte de los funcionarios públicos sean castigados del mismo modo que la corrupción, porque desde la mentira también se perjudica al pueblo y se destruye la Nación.
