El caso de Nazarena Menem volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de otorgamiento de préstamos hipotecarios del banco público, en medio de cuestionamientos por montos y condiciones de acceso.
Una nueva controversia sacude al sistema financiero estatal luego de que trascendiera que Nazarena Menem, una empleada de 26 años de la Auditoría General de la Nación, accedió a un crédito hipotecario por casi 237 millones de pesos otorgado por el Banco Nación en agosto de 2025. El caso generó fuerte repercusión debido al perfil laboral de la beneficiaria, su limitada trayectoria profesional y el monto del financiamiento recibido.
La joven, identificada como auxiliar administrativa dentro de la AGN, tendría menos de cuatro años de antigüedad en el organismo y ese sería su único antecedente laboral registrado. De acuerdo con información difundida en las últimas semanas, su remuneración mensual rondaría los 2,5 millones de pesos, cifra que despertó interrogantes respecto de la capacidad crediticia necesaria para acceder a un préstamo de semejante magnitud.
El episodio cobra aún mayor relevancia porque no se trata de un caso aislado dentro del entorno familiar. Su hermano, Sharif Menem, también fue beneficiado con otro préstamo hipotecario por alrededor de 357 millones de pesos. Entre ambos créditos, la cifra total se acerca a los 600 millones de pesos, lo que profundizó las sospechas sobre posibles condiciones preferenciales en la asignación de estas líneas de financiamiento.
El debate se da en un contexto donde distintos sectores políticos vienen reclamando precisiones al Banco Nación sobre los criterios de evaluación utilizados para aprobar préstamos a funcionarios, dirigentes y personas vinculadas al poder político. Incluso, trascendió que ya se realizaron pedidos de informes y presentaciones judiciales orientadas a esclarecer si existieron irregularidades administrativas o trato diferencial.
Desde la entidad bancaria sostuvieron en reiteradas oportunidades que todos los créditos otorgados cumplieron con los requisitos reglamentarios vigentes y rechazaron cualquier tipo de favoritismo. Sin embargo, la magnitud de los montos aprobados continúa generando cuestionamientos públicos y alimentando un debate sobre la transparencia en el acceso al financiamiento estatal.
