El gobierno bonaerense inició conversaciones con intendentes de distintos espacios políticos para redefinir el esquema de seguridad local. La autonomía operativa y el control territorial aparecen como los principales ejes del debate.
La discusión sobre el rol de los municipios en la seguridad pública volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires. En un encuentro encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, una quincena de intendentes mantuvo una reunión clave para avanzar en la posible reactivación de las policías municipales, una iniciativa que busca devolverles mayor capacidad de acción a los gobiernos locales frente al crecimiento de la preocupación social por la inseguridad.
La convocatoria se desarrolló con representantes comunales de distintos sectores políticos y dejó como principal resultado un principio de entendimiento para comenzar a delinear una propuesta legislativa que permita redefinir el funcionamiento de las fuerzas locales.
Entre los participantes estuvieron intendentes del conurbano y del interior provincial, en una muestra de transversalidad política que expuso un reclamo compartido: contar con herramientas concretas para intervenir de forma directa en las políticas de prevención del delito.
El reclamo por una fuerza con autonomía real
Uno de los puntos centrales que surgieron durante el encuentro fue la necesidad de garantizar que cualquier nuevo esquema contemple autonomía operativa para los municipios.
En ese marco, tanto el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como su par de San Isidro, Ramón Lanús, plantearon la necesidad de que una eventual policía municipal no quede limitada a funciones administrativas o de apoyo logístico, sino que cuente con capacidad efectiva de intervención y conducción territorial.
La postura de ambos dirigentes reflejó una demanda que se viene consolidando entre varios jefes comunales: la necesidad de que los municipios tengan mayor margen de decisión en la planificación y ejecución de estrategias preventivas, especialmente en distritos donde las estructuras locales ya financian buena parte de la infraestructura vinculada a la seguridad.
Actualmente, numerosos municipios sostienen con recursos propios centros de monitoreo, cámaras de videovigilancia, patrullas urbanas, mantenimiento vehicular y sistemas de alerta temprana.
Una discusión que regresa al centro de la escena
La idea de una policía municipal no es nueva en territorio bonaerense.
En 2014, durante la gestión provincial de Daniel Scioli, se impulsó la creación de la Policía Local para municipios con más de 70 mil habitantes. Aquella estructura nació con la intención de descentralizar parcialmente las tareas preventivas, aunque posteriormente fue reformulada y absorbida dentro de un esquema más centralizado bajo administraciones posteriores.
Ahora, el debate resurge en un contexto de creciente presión social por respuestas más rápidas frente al delito y de reiterados pedidos de los intendentes para asumir un rol más activo.
El gobernador Axel Kicillof ya había anticipado en la apertura de sesiones legislativas la intención de avanzar con modificaciones en la Ley de Seguridad Pública bonaerense, aunque todavía no se presentó formalmente un proyecto en la Legislatura.
La reunión impulsada por Alonso aparece como una señal concreta de que el Ejecutivo comenzó a acelerar las conversaciones políticas y técnicas para transformar esa intención en una iniciativa parlamentaria.
Los escenarios que analiza la Provincia
Según trascendió, sobre la mesa existen dos caminos posibles.
El primero consiste en modificar la legislación actual para incorporar un nuevo capítulo específico destinado a regular la actuación de policías municipales.
La segunda alternativa es avanzar con una ley completamente nueva que reorganice integralmente la articulación entre la Policía Bonaerense, el Ministerio de Seguridad provincial y los municipios.
Ambas opciones implican desafíos institucionales, presupuestarios y políticos.
La definición también deberá contemplar aspectos sensibles como la formación del personal, el financiamiento, la cadena de mando, los protocolos de actuación y la coordinación con fuerzas provinciales.
Un consenso inicial con diferencias por resolver
Si bien el encuentro dejó un saldo positivo y un principio de acuerdo político, todavía persisten diferencias respecto al alcance real que deberían tener estas nuevas fuerzas.
Mientras algunos intendentes impulsan un esquema con fuerte autonomía municipal, otros consideran necesario mantener una conducción provincial centralizada para evitar superposiciones operativas.
De todos modos, la coincidencia general sobre la necesidad de revisar el modelo actual permitió abrir una instancia de negociación que podría derivar en uno de los cambios más relevantes en materia de seguridad bonaerense de los últimos años.
La próxima etapa estará enfocada en reuniones técnicas entre equipos municipales, especialistas en seguridad y legisladores, con el objetivo de transformar los consensos preliminares en un proyecto concreto que pueda llegar al recinto antes de fin de año.
