El conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos del AMBA se profundiza mientras se anuncian nuevos aumentos en boletos y persisten las demoras y suspensiones. El sector empresario advierte que la situación es “insostenible”.
La situación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. En medio de un conflicto que no logra encauzarse, millones de usuarios enfrentan demoras, menor frecuencia de unidades y nuevas subas tarifarias que impactarán directamente en el bolsillo desde mayo.
A partir del 1° de mayo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará un incremento del 5,4% en las tarifas del transporte que administra. Con esta actualización, el boleto mínimo de colectivo en territorio porteño alcanzará los $753,74, mientras que el viaje en subte llegará a $1490. También se verán afectados los peajes.
El trasfondo de la crisis es un desacuerdo persistente entre el Estado y las empresas del sector por el financiamiento del sistema. Las cámaras empresarias declararon el “estado de emergencia” ante la falta de definiciones concretas sobre cómo se cubrirán los costos operativos, que vienen en aumento.
Según señalaron, la suba del precio del gasoil y otros insumos esenciales agravó la situación económica de las compañías. A esto se suma una deuda acumulada por subsidios que, según estimaciones del sector, supera los 128 mil millones de pesos.
Las entidades que agrupan a los transportistas advirtieron que, si no hay respuestas inmediatas, podrían intensificar las restricciones en el servicio, lo que implicaría menos unidades en circulación y mayores tiempos de espera para los pasajeros.
Desde el Gobierno nacional relativizan el planteo empresario y aseguran que los pagos se vienen realizando de manera progresiva. Además, sostienen que el conflicto forma parte de una negociación más amplia para rediseñar el esquema de subsidios y funcionamiento del sistema.
En ese marco, está prevista una reunión clave en la Secretaría de Transporte, donde ambas partes intentarán acercar posiciones. Sin embargo, el clima previo no es alentador y el riesgo de nuevas medidas de fuerza sigue latente.
En paralelo al conflicto, hubo modificaciones en el área de infraestructura y transporte del Gobierno. Tras la salida de un funcionario clave, se produjo un reordenamiento interno que incluyó nuevas designaciones en la conducción del área, lo que agrega un factor de incertidumbre en medio de la negociación.
La crisis no solo afecta a los pasajeros, sino también a los trabajadores del sector. Algunas empresas ya presentan dificultades para cumplir con el pago de salarios, lo que derivó en medidas de fuerza.
Uno de los casos más críticos es el de una compañía del conurbano bonaerense donde los choferes mantienen un paro desde hace días, lo que dejó varias líneas completamente paralizadas. Los empleados reclaman pagos adeudados y denuncian atrasos salariales que se arrastran desde hace meses.
Además, la situación judicial de algunas firmas complicó aún más el escenario, con incautación de unidades por deudas impagas, reduciendo aún más la capacidad operativa del sistema.
Mientras continúan las negociaciones, el sistema de transporte del AMBA funciona con limitaciones que afectan la vida cotidiana de millones de personas. Las largas filas, las demoras y la incertidumbre se volvieron parte del paisaje urbano.
Si no se alcanzan acuerdos en el corto plazo, tanto desde el sector empresario como desde los sindicatos advierten que el escenario podría agravarse aún más en los próximos días.
