Luego de una resolución judicial que reactivó puntos centrales de la reforma laboral, el Ejecutivo avanzó rápidamente con el trámite para extender la permanencia del camarista más allá del límite constitucional.
La dinámica entre decisiones judiciales y movimientos del Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Tras un fallo que dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba aspectos de la reforma laboral, el juez Víctor Arturo Pesino recibió el respaldo oficial para continuar en funciones en la Cámara Nacional del Trabajo una vez cumplidos los 75 años.
El magistrado, que alcanzará esa edad a fines de julio, había manifestado previamente su intención de permanecer en el cargo. Sin embargo, la Constitución Nacional establece que los jueces deben retirarse al cumplir esa edad, salvo que el Poder Ejecutivo promueva su continuidad y el Senado otorgue el acuerdo correspondiente por un nuevo período.
La decisión del Gobierno se produjo pocas horas después de que Pesino, junto a otra integrante de la Cámara, firmara una resolución que suspendió una cautelar que bloqueaba más de 80 artículos de la reforma laboral. La medida judicial permitió que esos puntos vuelvan a tener vigencia mientras se discute el fondo del asunto.
Desde distintos sectores sindicales y políticos, la resolución fue interpretada como un posicionamiento contrario a los intereses de los trabajadores. Organizaciones gremiales cuestionaron que se haya optado por una vía rápida sin analizar en profundidad la validez de la cautelar previa, lo que generó un fuerte rechazo dentro del ámbito laboral.
El respaldo oficial al juez también despertó críticas en el plano político. Referentes de la oposición señalaron que la rapidez con la que se inició el trámite para su continuidad genera sospechas sobre una posible relación entre el fallo y la decisión administrativa.
En paralelo, el proceso para extender su permanencia contempla una etapa de impugnaciones públicas y, posteriormente, el envío del pliego al Senado, donde deberá reunir los votos necesarios para su aprobación.
La situación se da en un contexto donde el Gobierno impulsa reformas estructurales en el ámbito laboral y judicial, incluyendo cambios en la organización del fuero del trabajo. En ese marco, la continuidad de ciertos magistrados adquiere un peso estratégico dentro del esquema institucional.
