El Gobierno Nacional ha decidido ampliar la lista de medicamentos que podrán ser adquiridos sin receta médica. A partir de ahora, los productos compuestos por Senósido A y B, conocidos comúnmente como laxantes, estarán disponibles para la venta libre, lo que implica una modificación significativa en el acceso y en el precio de estos fármacos. Esta medida fue publicada recientemente en el Boletín Oficial y se justifica por la comprobación de la ausencia de efectos adversos graves en los últimos cinco años de estudio.

Este cambio, además de facilitar el acceso a estos medicamentos, tiene un impacto económico importante para los consumidores, quienes ya no podrán acceder a los descuentos habituales del 40 por ciento que se otorgaban a través de obras sociales y prepagas. La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sigue una línea de desregulación que comenzó a aplicarse a principios de año. Este tipo de medidas, que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos, también han incluido otros fármacos, como los conocidos «prazoles», utilizados para la protección estomacal, que dejaron de ser de venta con receta en mayo.

En agosto, la medida se extendió a varios medicamentos de uso común, como cremas antialérgicas, productos con corticoides, analgésicos, antifúngicos y suplementos dietarios. Además, en noviembre se permitió que los fármacos de venta libre fueran exhibidos en las góndolas de las farmacias, permitiendo a los consumidores acceder a ellos sin la intervención de un farmacéutico.

La medida no ha estado exenta de controversias. Diversos colegios profesionales, como el de farmacéuticos y de otros profesionales de la salud, han expresado su rechazo a esta apertura. Para ellos, la desregulación fomenta la automedicación, lo que podría generar riesgos de salud para los pacientes. Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), consideró que esta decisión representa un retroceso en la política de regulación de medicamentos, remarcando que, en 1991, una medida similar había sido impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, bajo una «intención puramente mercantil». Este tipo de políticas, según los profesionales, derivó en problemas como la venta de medicamentos en lugares no habilitados y la circulación de productos defectuosos o robados.

Por otro lado, la decisión también se enmarca dentro de un aumento generalizado en los precios de los medicamentos. Según un informe del CEPA, CEPPEMA y ALGEC, los fármacos más utilizados por los adultos mayores han experimentado un aumento acumulado del 202 por ciento desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Este incremento se suma a las preocupaciones que genera la liberalización de la venta de medicamentos, que, según los expertos, podría acentuar las dificultades económicas de los sectores más vulnerables.