La crisis salarial en las universidades argentinas continúa siendo una preocupación central para la comunidad académica, que se prepara para una nueva marcha en defensa de una educación pública de calidad y de los derechos de sus trabajadores.

Tras la reciente medida de fuerza que paralizó a las universidades públicas del país durante 48 horas, la comunidad universitaria se alista para una nueva movilización masiva. Docentes y no docentes llevaron a cabo un paro el 20 y 21 de agosto en respuesta a la falta de un ajuste salarial acorde con la inflación y el deterioro del presupuesto educativo bajo la administración actual.

Los gremios, que informaron un acatamiento del 100% de la medida, están organizando una nueva Marcha Nacional Universitaria, prevista entre el 9 y el 13 de septiembre. Esta iniciativa surge como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Los rectores, como Beatriz Gentile de la Universidad Nacional del Comahue, coinciden en que la situación es crítica y requiere una intervención urgente.

Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba), destaca que el atraso salarial ha superado el 50% desde el inicio de la actual gestión, equiparable a las pérdidas sufridas durante el gobierno anterior. “Los docentes enfrentan una realidad salarial que hace que la profesión sea cada vez menos atractiva, poniendo en riesgo el tejido científico y académico del país,” advierte Perazzi.

El conflicto no solo afecta a los docentes; la precarización salarial también impacta a los estudiantes, quienes enfrentan dificultades económicas severas. Silvia Núñez, secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes (Adiunq), subraya que muchos profesores ganan entre 170.000 y 200.000 pesos, una cifra insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación se refleja en la calidad de la educación y el deterioro de las condiciones de vida de las familias de los estudiantes.

Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda (Aduna), critica la propuesta de aumento salarial del 3% para agosto, calificándola de “insuficiente” frente a una inflación del 126%. La respuesta a estas medidas ha sido contundente, con un alto nivel de acatamiento del paro en las universidades.

El presupuesto universitario enfrenta una severa restricción, con el 90% destinado a salarios y solo el 10% a gastos operativos. La falta de ajuste adecuado a la inflación y la insuficiencia de fondos afectan gravemente la operatividad y calidad del sistema educativo.

Además de las protestas, los jubilados también han sido parte de la movilización, con descuentos significativos ofrecidos como parte de las medidas de apoyo. Esta inclusión subraya el impacto amplio de la crisis en todos los sectores de la comunidad universitaria.

Alejandro Cánepa, vicedecano coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Moreno, señala que los estudiantes comprenden la gravedad de la situación y apoyan las medidas de protesta, reconociendo que las condiciones salariales afectan directamente su experiencia educativa.

La comunidad universitaria se prepara para una serie de actividades de visibilización en las universidades públicas, anticipando la próxima marcha federal. Esta nueva movilización busca reforzar el reclamo por una paritaria digna y una solución sostenible para el sector educativo.