El contenido de la conversación no fue revelado por el Estudio jurídico de Lopez Carribero, toda vez que se reafirmó la regla de la confidencialidad en las conversaciones entre abogados y clientes.

La tragedia de Cromañón fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón, establecimiento ubicado en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante un recital de la banda de rock Callejeros.

Este incendio provocó la peor tragedia mundial en la historia de la música de rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1432 heridos.

Esta tragedia causó, además, importantes cambios políticos y culturales. Los familiares de los jóvenes fallecidos y los sobrevivientes del incendio conformaron un gran colectivo de movilización pública y demanda de justicia, por las muertes y los daños sufridos. En lo político, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires inició un juicio político para destituir al entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra por considerarlo responsable político de la tragedia.

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El “Día del Trabajador Judicial” fue establecido por la Ley Nº 26674, que equipara la fecha a los feriados nacionales obligatorios.

Saredi expresó “Quiero hacer llegar mis Saludos Cordiales a todas las mujeres y hombres de La Matanza, que trabajan en el poder judicial, con compromiso y vocación”.

Y agregó “Recordemos y hagamos honor al pensamiento de Simón Bolívar -La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad-“.

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En el marco de una causa ocurrida hace 6 años en la que fue víctima fatal
un efectivo de la Policía Federal Argentina, se estableció prisión perpetua
para su asesino.

A principio del 2012, en el barrio de Isidro Casanova, partido de La
Matanza, cinco sujetos irrumpieron en un domicilio a mano armada y durante
el asalto, tomaron conocimiento de que uno de los miembros de la familia
era Policía.

Esto sucedió porque los ladrones descubrieron entre sus pertenencias un
gorro de policía, y ante esto, Walter Sebastián Gualtieri, uno de los cinco
ladrones, ejecutó de 3 balazos al efectivo y padre de familia, Néstor
Alejandro Valdez.

Si bien existen otros cuatro cómplices, nunca fueron detenidos, sino que
toda la responsabilidad pesó sobre Gualtieri, quien hace pocos días fue
condenado a cadena perpetua por el crimen cometido.

En la misma sentencia se estableció también la necesidad de profundizar la
investigación para dar con sus cuatro cómplices, quienes hasta la fecha se
encuentran en libertad y ya están identificados.

Luego de conocer la sentencia, la familia del cabo Valdez manifestó que
finalmente, podrían encontrar un poco de paz y alivio, pero de igual manera
seguirán con la lucha hasta que el último de los intervinientes en el
crimen sea juzgado.

Tanto la fiscalía como el abogado particular de la familia de Valdez habían
solicitado la pena máxima para el imputado, por encontrarlo culpable del
delito de “homicidio criminis causa”.

Así fue como el Tribunal Nº2 de La Matanza otorgó la condena solicitada,
debido a que este delito “criminis causa” comprende a un sujeto que comete
un homicidio para cubrir otro delito perpetrado con anterioridad, y da
lugar a la máxima escala de la ley penal.

En relación al robo, se indicó que fue llevado a cabo el 16 de enero del
2012 en un domicilio en la calle Acassuso al 100 de Isidro Casanova, en el
que una banda de ladrones golpeó y maniató a toda una familia.

La familia Valdez Campos compuesta por 7 personas se encontraba en el patio
delantero de su casa, cuando fueron amenazados de muerte y obligados a
ingresar al domicilio y entregar dinero que no tenían.

El acusado del homicidio llegó preso al juicio oral por este caso, debido a
que se encontraba cumpliendo una condena anterior de 6 años por robo
agravado, aplicada por el Departamento Judicial de Mercedes, y por ello se
decidió unificar ambas penas, extendiéndola a prisión perpetua.

En efecto, si bien faltan difundirse los fundamentos, los magistrados
ordenaron que se profundice y se continúe con la investigación, debido a
que según los testimonios ofrecidos y otras pruebas, se cree que hubo
participación de otras personas en el asalto y el homicidio, más allá de
los 5 ladrones ya identificados y 1 de ellos condenado.

Hugo Lopez Carribero
Abogado Penalista

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En el marco de una causa por  delitos  de  lesa  humanidad ocurridos en el
sur de Mendoza entre los años 1976 y 1978, fue condenado como autor
responsable Luciano Benjamín Menéndez.

Antes del juicio, las partes realizaron una audiencia preliminar en la que
acordaron incorporar en la causa toda prueba testimonial, documental e
instrumental, recibida durante el debate oral de la causa “Báez
Malbec  y  otros” y también decidieron no debatir cuestiones de hecho,
sino las alegaciones jurídicas sobre la eventual responsabilidad del
imputado.

Junto con el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público
Fiscal, se encontraban adjuntadas la  enunciación  de  los  hechos  y  las
circunstancias que fueron materia de acusación.

Una vez iniciado el juicio oral, el imputado se negó a declarar, y se
remitió a manifestar que los juicios son  inconstitucionales  por violación
al principio  de  juez  natural establecido  en  el  artículo  18  de  la
C.N.

Ante esta omisión, el  tribunal ordenó  la lectura de su  declaración
indagatoria prestada durante la etapa de investigación.

Las querellas relataron los hechos, asignaron la responsabilidad del
imputado y adhirieron a la calificación legal establecida por el Ministerio
Público Fiscal. Solicitaron  la aplicación del delito de desaparición
forzada de personas del artículo 142 ter del Código Penal y pidieron que se
condenara al imputado a la pena de prisión perpetua.

Posteriormente, el defensor oficial cuestionó la calificación de los
hechos, en especial los delitos de homicidio calificado y desaparición
forzada, por la violación al principio de congruencia.

Dicho principio establece que la imputación de un delito a una persona,
debe tratarse del mismo delito a lo largo de todo el desarrollo del
proceso, es decir, no puede variar, no puede mutar. El hecho por el cual se
imputa a un sujeto es el mismo hecho que se debe llevar adelante hasta la
última etapa del proceso.

Además, la defensa manifestó que la acción penal contra Menéndez estaba
prescripta, y lo desligó de los hechos que ejecutó la Sección de
Inteligencia 144 de la que supuestamente él formaba parte.

Por otro lado, sostuvo que tampoco debía responder por los crímenes en que
no se probó la intervención del Ejército,  especialmente en los  casos  de
Berohiza,  Luna,  Guerrero  y Ozán.

Sin embargo, la jueza Fátima Ruiz López dictaminó en primer lugar que los
hechos pueden ser juzgados por no encontrarse prescriptos por ser delitos
de lesa humanidad cometidos en la época del terrorismo de Estado entre 1975
y 1983, y estos hechos encuadran en la resolución de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la que se estableció la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y lesa humanidad.

Es por ello que no hizo lugar al planteo de prescripción de la defensa y
declaró que los hechos objeto del proceso constituyen delitos de lesa
humanidad en el marco de prácticas sociales genocidas, sobre la base del
artículo 75, inc. 22 de la C.N., el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de Lesa Humanidad y Convención para la Previsión y Sanción del
delito de genocidio.

Finalmente condenó a Menéndez a la pena de prisión perpetua e
inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor material de las
desapariciones forzadas agravadas por resultar la muerte de muchas
personas, privaciones abusivas de la libertad agravadas por mediar
violencia y amenazas y haber durado más de un mes, y por infligir a otros
tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos.

Hugo Lopez Carribero
Abogado Penalista

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Sin embargo, y de acuerdo al dictamen del Fiscal, la petición fue rechazada
por el juez. La decisión fue apelada ante el Tribunal de feria, el cual
resolvió frente a los agravios expuestos por la defensa.

Se agravia D’Elía juntamente con su defensa, manifestando que según lo
estipulado en el Código Penal, artículo 10 inciso “a”, y en los artículos
32 inciso “a” y 33 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la
Libertad Nº 24.660 actualizada, procede en su caso la posibilidad de
disponer el arresto domiciliario.

Más hondamente, la normativa enumera determinadas condiciones en las que un
sujeto puede recaer, para que le sea concedido el arresto domiciliario
tanto para el estado de detenido, como para el estado de condenado.

Para que esto sea llevado a cabo, es necesario contar con la recomendación
de informes médicos, psicológicos y sociales, que expongan a todas luces
que la privación de la libertad en este ámbito no da lugar al interno a
recuperarse, ni de tratar adecuadamente su dolencia, siempre que a su vez,
no corresponda alojar al mismo en un hospital.

Según lo que consta en el legajo de salud de Luis D’Elía que proviene de la
Unidad   Médico  Asistencial   del Complejo Penitenciario Federal II Marcos
Paz, el mismo se presentó a la consulta transportándose por sus propios
medios y en buen estado general.

Se lo puede observar hemodinámicamente estable, vigil, y lúcido. No tiene
signos de falla de bomba, ni de foto motor ni meníngeo, aunque se encuentra
actualmente en seguimiento por cardiología y diabetología.

Recibe la medicación indicada para tratarse y se encuentra bajo el control
de enfermeros en lo que respecta a los estudios de glucemia que éstos deben
llevar a cabo sobre él.

Tampoco se presenta agravamiento del cuadro de base con el que ingreso al
penal, pero continúa en seguimiento con la médica de planta.

Sin embargo presenta como antecedentes patológicos de importancia Diabetes
tipo II Insulino requirente, HTA, obesidad, dislipidemia y cardiopatía
isquémica actualmente compensada por colocación de Stem en 2015. Asimismo,
se encuentra en tratamiento FKT indicado por traumatología.

Una vez remitidos los resultados del legajo de salud de D’Elía al Juzgado
para resolver la prisión domiciliaria, el juez decidió rechazar la
petición, porque de acuerdo a las evaluaciones medicas realizadas, sus
patologías son susceptibles de tratamiento en el lugar donde se encuentra
detenido.

Ante este rechazo la defensa apeló dicha decisión, y el Tribunal de feria
decidió confirmar la sentencia apelada, por lo tanto rechazar el arresto
domiciliario del mencionado.

Ello es así porque es visible a todas luces que si bien existen
determinadas patologías en él, las mismas están siendo efectivamente
tratadas por los profesionales de la unidad, y porque además, la situación
presente no encuadra en supuestos de procedencia que prevén las normas
citadas.

Hugo Lopez Carribero
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza

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A mediados de enero del presente año, Agustín Zbar, presidente de la AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina) manifestó nuevamente su pedido de
justicia por la muerte de Alberto Nisman.

En conmemoración a Alberto Nisman, el ex titular de la Unidad Fiscal
Especial de Investigación del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, se
realizó una ceremonia el jueves 18 de enero, en el cementerio comunitario
de La Tablada, propiedad perteneciente a su institución.

Durante la mañana del jueves fue llevada a cabo la ceremonia religiosa, que
contó con la presencia de las hijas de Nisman, Kala y Lara, su madre Sara
Garfunkel, y algunos colegas y allegados de la familia.

Los acompañantes escucharon silenciosamente las plegarias de recordación
leídas por el Rab. Marcelo Polakoff, en memoria del fiscal fallecido tres
años atrás.

Según Zbar en sus declaraciones periodísticas, el mejor homenaje hacia
Nisman es renovar con firmeza el pedido de Verdad y Justicia, para que se
termine la impunidad de su asesinato y para que haya juicio y castigo para
quienes planearon, participaron y ejecutaron la masacre de la AMIA.

Según lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la muerte de
Nisman, está específicamente ligada a la tarea que llevó adelante en la
investigación del atentado terrorista a la AMIA.

Por otro lado, es considerada una causa directa de la impunidad de los
crímenes precedentes en los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel,
según las expresiones de Zbar en una nota publicada por Infobae.

El atentado fue un ataque terrorista que sufrió la AMIA el 18 de julio de
1995 mediante coche bomba. Para realizar el atentado se utilizó una
camioneta Renault Trafic con una bomba dentro, con la finalidad de derribar
a la mutual judía.

El ataque a la AMIA fue el mayor ataque terrorista de Argentina, que dejó
como consecuencia 85 muertos y 300 heridos, y también  es considerado el
ataque más sufrido por la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial.

En el año 2001 se elevó a juicio oral a 22 acusados de haber facilitado la
camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía
Bonaerense, Juan Jose Ribelli y Carlos Telledín.

Luego de muchas confusiones, el 13 de septiembre del 2004 se creó una
fiscalía especial para el caso AMIA, y fue designado Alberto Nisman como
fiscal a cargo, quien 2 años después expresó tener nuevas pruebas.

Casi 10 años después, Nisman juntó la totalidad de sus investigaciones, y
realizó una denuncia formal contra la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, el canciller Héctor Timerman, y otros funcionarios, por entender
que eran encubridores de los autores del atentado.

Nisman había sido requerido desde el Congreso Nacional para exponer sus
evidencias, pero el mismo día a primeras horas de la madrugada, apareció
muerto en su domicilio de un tiro en la cabeza con un arma calibre 22, que
posteriormente se supo que pertenecía a Diego Lagomarsino, pero aún no se
tiene certeza sobre la forma en que sucedió el homicidio.

Hugo Lopez Carribero

Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza
Colegio de Abogados La Matanza

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La Gendarmería Nacional en la provincia de Formosa, actuando en el
ejercicio de sus funciones, en pos de la lucha contra el tráfico de drogas
que es llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad de la Nación,
interceptó a un hombre y una mujer mayores de edad que se encontraban
circulando en su automóvil Peugeot.

Los miembros de Gendarmería eran efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda”,
ocupados de realizar controles sobre el kilómetro 1.285 de la Ruta
Nacional Nº11. Cumpliendo con sus labores, los efectivos hicieron que el
auto en donde circulaban los delincuentes frenase para realizar el control
sobre el rodado.

Para ello, los efectivos utilizaron el apoyo de un can que con su olfato
podía detectar la existencia de narcóticos dentro del móvil en el que
circulaban los sujetos.

En total, se decomisaron 54 kilos y 325 gramos de Cannabis Sativa, es
decir, marihuana. Para ello, los efectivos tuvieron que revisar todo el
auto, debido a que el estupefaciente se encontraba distribuido en
diferentes partes del vehículo.

Había un total de 98 paquetes de marihuana, cortados de manera
rectangular, escondidos dentro de los zócalos, en los guardabarros
traseros, e incluso en el baúl había un compartimiento de tipo “doble
fondo”.

Ante esto, el Juez Federal en la provincia de Formosa procedió a decretar
la inmediata detención de ambos involucrados, así como también el
secuestro de los 98 bloques de marihuana y el vehículo.

Según expresa la Ley de Estupefacientes Nº 23.737  en su artículo 39,
primero será necesario llevar a cabo todo el proceso penal a los
imputados, y una vez dictada la sentencia condenatoria por el juez, ahí se
decidirá cuándo y de qué manera se destruirán los estupefacientes, y cuál
será el destino del automóvil secuestrado.

También se ordena en el mismo artículo que los bienes, o el producido de
su venta se destinará a la lucha contra el tráfico ilegal de
estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el
consumo. El mismo destino se dará a las multas que se recauden por
aplicación de esta ley.

En efecto, esta situación encuadra en el artículo 5 inciso C y E de la
mencionada ley, en donde se establece que será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro a quince años el que comercie con estupefacientes o
materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de
comercialización, o los distribuya, o dé en pago, a almacene o transporte,
o entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título
oneroso.

Hugo Lopez Carribero
Abogado Penalista
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza

La entrada NOTICIAS JUDICIALES| NARCOTRÁFICO EN FORMOSA aparece primero en El Nacional de Matanza.

La entrada El Colegio de Abogados La Matanza adhiere a la Jornada de Litigación en Juicio por Jurado aparece primero en El Nacional de Matanza.

Nicolás Emanuel Galindez interpuso acción de amparo conjuntamente con la
inconstitucionalidad de los artículos 51, 52, y 53 del Reglamento para el
Ingreso Democrático e Igualitario al Ministerio Público Fiscal de la
Nación (M.P.F.N.).

Este reglamento fue aprobado por la resolución 507/14 de la Procuración
General de la Nación, y se sustenta en la ley 26.861.

Los jueces de primera instancia no hicieron lugar a su pedido, por este
motivo el damnificado apeló y la Sala I de la Cámara Federal de
Apelaciones de la provincia de Salta revocó la sentencia dictada, hizo
lugar a la acción de amparo, y declaró la inconstitucionalidad de los
mencionados artículos.

Además, la Cámara estableció que Galindez tiene derecho a ser entrevistado
por el titular del M.P.F.N. con subsede en Jujuy para ser tenido en cuenta
en el caso de que surja una vacante para un puesto técnico administrativo
durante la vigencia de un concurso en el que resultó calificado en primer
lugar.

También explicó que declaró la inconstitucionalidad de dichos artículos
porque dejan de lado el requisito de idoneidad  con jerarquía
constitucional como condición para acceder a empleos estatales.

Esto es así porque el reglamento prevé que la selección del candidato para
acceder a este empleo público debe ser realizada mediante sorteo de la
Lotería Nacional.

La base de este sorteo está representada por 100 postulantes. Todos ellos
deben haber realizado un examen sobre conocimientos teóricos y prácticos
de informática y haber obtenido una calificación mayor a 60 puntos, y
entre ellos, se realiza un sorteo y deberán quedar 10 seleccionados.

Por ello, la Cámara manifestó la disconformidad con el mecanismo
utilizado, y la irracionalidad de acudir a un método de selección
presidido por el azar.

Por todo lo expresado, la Sala I concluyó que el régimen de selección
establecido para el ingreso al grupo técnico del M.P.F.N. no cumple con
los recaudos de la ley 26.861 en la cual debería sustentarse y por otro
lado, dicho Reglamento quiebra la garantía constitucional de igualdad ante
la ley.

Esta garantía fundamental, ubicada en el artículo 16 de nuestra Ley
Suprema, declara a todos los habitantes de la Nación en condición de
igualdad, sin otra condición que la idoneidad para adquirir empleos, y
tiene por objetivo evitar cualquier tipo de privilegio para el acceso a un
empleo estatal.

En discordancia, el representante del M.P.F.N. y el Fiscal General
subrogante interpusieron sendos recursos extraordinarios, con la finalidad
de debatir el alcance de las normas impugnadas y declaradas
inconstitucionales.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió revocar la
decisión de la Sala I, y dictaminó que son mínimas las restricciones a la
igualdad aquí planteadas, debido a que el Reglamento no establece que deba
preferirse entre varios candidatos al que mayor capacidad intelectual o
técnica posea, sino que por el contrario, solo se requería que los
interesados reúnan las exigencias mínimas de idoneidad previstas.

Además, la autoridad competente para fijar las condiciones para el acceso
a empleos públicos, son libres de crear cualquier sistema de evaluación
que contemple, en condiciones de igualdad, el requisito de la idoneidad.

Por ello la Corte consideró que la exigencia de aprobación de exámenes
técnicos satisface el requisito de idoneidad, y que el hecho de no
conferir prioridad al que obtenga mayor puntaje no es en base a ningún
tipo de discriminación, sino por el contrario que todos se encuentren
mediante el sorteo en condiciones de igualdad y con idénticas
posibilidades de ser seleccionados.

Por último la Corte determinó que el contenido del Reglamento atacado no
desvirtúa los fines perseguidos en la ley 26.861 y que la protección de la
garantía de igualdad implica principalmente que no se establezcan
excepciones o privilegios para acceder a un empleo público.

Hugo Lopez Carribero
Abogado Penalista
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza

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La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal,
integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, resolvió este
lunes 6 de noviembre establecer pautas a seguir por el juez Martínez de
Giorgi para profundizar la investigación en el conocido caso Odebrecht, en
relación al soterramiento del tren Sarmiento.

En el marco de esta causa, que tiene su origen en el requerimiento de
instrucción de la fiscalía, se investiga el presunto pago de sobornos por
parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos que
integraban la estructura del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública  y Servicios.

El pago de estos sobornos tenía por finalidad violar las leyes en los que
se establecía el procedimiento de contrataciones por parte del Estado, y
los pasos legales a seguir para llevar a cabo una obra pública,
principalmente la adjudicación de la licitación pública.

En concreto, los hechos sospechados dejaron entrever que se realizaron
actos administrativos ilícitos para la continua adjudicación de las
diferentes etapas de la obra pública “Soterramiento del Corredor
Ferroviario” desde la localidad de Caballito hasta la localidad de Moreno,
de la línea de trenes Sarmiento, sin respetar los procedimientos
ordinarios legales para establecer una adjudicación de obra pública.

Este acto administrativo ilegítimo benefició a la Constructora Norberto
Odebretch S.A., a IECSA S.A., a GHELLA Societa Per Azioni y a COMSA S.A.,
que por medio de sobornos a funcionarios del entonces Ministerio de
Planificación Federal, lograron ser seleccionados para realizar las obras
públicas sin una correcta licitación pública.

Por otro lado, la Unidad de Información Financiera pretendió ser tenida
por querella, pero este pedido fue denegado sobre la base de la anterior
descripción de los hechos.

Si bien le es reconocida a la Unidad de Información Financiera la
posibilidad de constituirse como querella, sólo es admisible en
investigaciones con objetos distintos al que se investiga en esta causa.

En la resolución de la Sala II, los jueces analizaron cual sería la mejor
forma de proseguir con la investigación y la dirección de los actos
procesales pertinentes, para determinar el modo de participación de
funcionarios y empresarios argentinos, y del exterior.

Con esta finalidad, los jueces de la Sala II encomendaron al juez Martínez
de Giorgi que dirigiera el proceso mediante medidas rápidas y eficaces,
basándose fundamentalmente en la información nacional que tenga a su
disposición, y dejando en segundo plano un posible aporte de información
por parte de otros países, cuya respuesta se espera.

Los jueces fijaron estas bases, porque existe un importante grado de
dificultad para probar determinados aspectos del delito cometido, y eso es
así porque los exhortos internacionales a otros países suelen resultar
infructuosos.
Sin embargo, esta situación no imposibilita la producción de cursos de
acción rápidos para obtener mayores precisiones sobre las distintas etapas
de la perpetración de los delitos de pago de sobornos, hechos de
corrupción por parte de funcionarios públicos y empresarios, fraudes por
sumas millonarias, entre otros.

Teniendo todo lo antedicho en consideración, es que se le encomienda al
juez que analice minuciosamente la información invocada en la causa, y que
sobre esa base de datos recolectados procure una actividad rápida y eficaz
y evalúe la opción de medidas cautelares de distinta índole.

Hugo Lopez Carribero
Abogado Penalista
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza

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