La Cámara alta avanzó con un proyecto acotado sobre la protección de la propiedad privada. El oficialismo dejó fuera de la iniciativa los cambios vinculados a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego para reunir el respaldo necesario y asegurar la aprobación de los artículos referidos a expropiaciones y desalojos.
En una sesión marcada por intensas negociaciones, el Senado otorgó media sanción a una versión modificada del proyecto denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». La iniciativa llegó al recinto con importantes cambios respecto de su redacción original, luego de que el oficialismo decidiera retirar dos de los puntos que habían generado mayores diferencias entre los distintos bloques: las modificaciones a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego.
La decisión respondió a la necesidad de conseguir los votos suficientes para aprobar al menos una parte de la reforma impulsada por el Gobierno. De este modo, el texto finalmente aprobado se concentró en las normas relacionadas con las expropiaciones y los desalojos, dejando para un futuro debate los temas que despertaban mayor resistencia política.
El proyecto busca establecer mayores garantías para los propietarios frente a ocupaciones ilegales y redefinir aspectos vinculados a los procedimientos de restitución de inmuebles. Además, incorpora cambios en el régimen de expropiaciones con el objetivo de brindar mayor previsibilidad jurídica.
Durante el debate parlamentario, distintos legisladores sostuvieron posiciones contrapuestas. Mientras algunos defendieron la necesidad de reforzar el derecho de propiedad como principio constitucional, otros advirtieron que determinadas modificaciones podrían afectar derechos de comunidades rurales, pueblos originarios y sectores vulnerables.
Uno de los puntos que finalmente quedó fuera de la discusión fue la Ley de Manejo del Fuego. Esa normativa, vigente desde 2020, impide modificar el destino de las tierras afectadas por incendios durante un período determinado, con el propósito de desalentar incendios intencionales destinados a habilitar desarrollos inmobiliarios o actividades productivas. La posibilidad de modificar esa legislación había generado cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y especialistas en conservación.
También fue retirada la reforma a la Ley de Tierras, otro de los capítulos más debatidos, que proponía cambios en el régimen de adquisición de tierras rurales. La exclusión de ambos temas permitió destrabar las negociaciones y facilitar la aprobación del resto del proyecto.
Con la media sanción obtenida en el Senado, la iniciativa deberá continuar ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde volverá a abrirse el debate sobre el alcance de las modificaciones y el futuro de los capítulos que quedaron fuera del texto aprobado.
