El sindicato anunció una jornada de protesta en la Ciudad de Buenos Aires y convocó a replicar las manifestaciones en todo el país. Advierten que la iniciativa podría flexibilizar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y sostienen que está en juego el control sobre recursos estratégicos.
La discusión en torno al futuro de las tierras rurales volvió a instalarse en el centro del debate político argentino. En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó una movilización para este jueves frente al Congreso de la Nación con el objetivo de expresar su rechazo al proyecto que modifica el régimen vigente sobre la adquisición de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
La concentración fue convocada para las 12 horas en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes buscarán visibilizar su rechazo a una iniciativa que, según sostienen desde el gremio, compromete la soberanía nacional y el control de recursos estratégicos.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que la organización considera imprescindible impedir el avance del proyecto y llamó a una amplia participación ciudadana. El dirigente sostuvo que la defensa del territorio argentino constituye una responsabilidad colectiva y cuestionó los argumentos oficiales que presentan la reforma como un mecanismo para atraer inversiones.
Desde la organización sindical aseguran que flexibilizar las restricciones sobre la compra de tierras por parte de capitales extranjeros podría profundizar la concentración de la propiedad y favorecer la pérdida de control sobre zonas con importantes reservas de agua, minerales, recursos energéticos y áreas de frontera.
El debate no es nuevo. La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la adquisición de tierras rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras, fijando un tope del 15% del territorio nacional, provincial y municipal. El Gobierno nacional impulsa modificaciones al régimen con el argumento de incentivar inversiones y dinamizar la actividad económica. En los últimos días incluso trascendió que el oficialismo presentó cambios al proyecto original para intentar reunir los apoyos necesarios en el Senado.
Especialistas y organizaciones sociales advierten que el debate trasciende una discusión económica. Sostienen que la propiedad de grandes extensiones de tierras está directamente vinculada con el acceso al agua dulce, la producción de alimentos, la explotación minera, la preservación ambiental y el control de áreas estratégicas del país. Investigaciones recientes indican que alrededor del 5% del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras, aunque existen departamentos donde ese porcentaje resulta considerablemente superior.
ATE también cuestionó la idea de que una mayor apertura del mercado de tierras garantice un incremento de inversiones productivas. Desde el sindicato sostienen que el desarrollo económico debe ir acompañado por políticas que preserven el patrimonio territorial y aseguren que los recursos naturales permanezcan bajo regulación nacional.
Mientras el tratamiento legislativo continúa generando fuertes discusiones, distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas anunciaron movilizaciones en diferentes provincias. La convocatoria busca instalar nuevamente el debate sobre la defensa de la soberanía territorial y el rol del Estado en la protección de los recursos considerados estratégicos para el desarrollo del país.
