El Gobierno bonaerense aprobó un marco regulatorio que fija principios obligatorios para el desarrollo, adquisición e implementación de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública, con el objetivo de garantizar un uso responsable de estas tecnologías.
La provincia de Buenos Aires dio un paso hacia la institucionalización del uso de la inteligencia artificial (IA) dentro del sector público al aprobar un nuevo marco normativo que establece las condiciones bajo las cuales los organismos estatales podrán desarrollar, contratar o utilizar este tipo de herramientas tecnológicas.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 742 y crea el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública centralizada, descentralizada y los entes autárquicos provinciales. La normativa apunta a promover la innovación tecnológica sin descuidar aspectos vinculados a la protección de derechos, la seguridad informática y la transparencia institucional.
Entre los principales objetivos del nuevo esquema regulatorio figura la incorporación de soluciones de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la prestación de servicios públicos y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las demandas de la ciudadanía.
Supervisión obligatoria
Uno de los aspectos centrales del decreto es que ningún organismo provincial podrá avanzar con un proyecto de inteligencia artificial sin la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital.
Ese organismo será el encargado de evaluar cada iniciativa, analizar los riesgos potenciales, homologar las herramientas que se utilicen y establecer los estándares técnicos que deberán cumplir las contrataciones vinculadas con IA.
Además, tendrá la responsabilidad de emitir lineamientos para garantizar que los desarrollos tecnológicos respeten criterios comunes dentro de toda la administración pública provincial.
Once principios para el uso responsable
El marco regulatorio incorpora una serie de principios que deberán respetarse en cualquier aplicación de inteligencia artificial dentro del Estado.
Entre ellos sobresalen:
- supervisión humana en la toma de decisiones;
- protección de los datos personales;
- transparencia y trazabilidad de los sistemas;
- prevención de sesgos discriminatorios;
- respeto por los derechos fundamentales;
- utilización ética y responsable de la tecnología;
- seguridad informática;
- fortalecimiento de la soberanía tecnológica;
- promoción de la innovación pública.
Estos lineamientos buscan evitar que las decisiones automatizadas puedan afectar derechos de las personas o generar procesos opacos dentro de la administración pública.
Modernización con foco en los derechos
La regulación acompaña una tendencia internacional que busca aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin dejar de lado las garantías legales y constitucionales.
Diversos gobiernos comenzaron en los últimos años a desarrollar marcos regulatorios que permitan incorporar estas tecnologías bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y control humano, especialmente cuando intervienen en procesos administrativos que impactan sobre los ciudadanos.
En ese contexto, la Provincia busca combinar la transformación digital del Estado con mecanismos de supervisión que permitan minimizar riesgos y asegurar un uso confiable de estas herramientas.
Invitación a los municipios
Aunque el decreto resulta obligatorio únicamente para los organismos provinciales, el Gobierno también invitó a los municipios bonaerenses a adherir voluntariamente al nuevo marco regulatorio dentro de sus respectivas competencias.
La intención es avanzar hacia criterios comunes en materia de inteligencia artificial, favoreciendo una gestión pública más eficiente, coordinada y transparente en todo el territorio bonaerense.
