La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que mantenía vigente el programa. La decisión permite al Ministerio de Capital Humano avanzar con la baja del beneficio que alcanzaba a alrededor de 900.000 personas.
Un fallo de la Cámara Federal de San Martín modificó el escenario judicial del programa «Volver al Trabajo» y despejó el camino para que el Gobierno nacional suspenda definitivamente los pagos a partir de agosto. La resolución revocó la medida cautelar que había ordenado mantener vigente la asistencia económica mientras se resolvía la cuestión de fondo del expediente.
La cautelar había sido concedida en primera instancia por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que había considerado necesario preservar el beneficio para evitar un perjuicio inmediato sobre los beneficiarios.
Sin embargo, al revisar el caso, los camaristas entendieron que mantener la medida precautoria implicaba anticipar una decisión que corresponde resolver durante el proceso principal. Con ese criterio, hicieron lugar a la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano y dejaron sin efecto la orden judicial que obligaba a continuar con las transferencias.
La resolución impacta sobre aproximadamente 900.000 trabajadores registrados en el programa, quienes percibían una prestación mensual de entre 78.000 y 80.000 pesos.
«Volver al Trabajo» fue creado en 2024 como uno de los programas que reemplazaron al histórico Potenciar Trabajo, con el objetivo de orientar la asistencia estatal hacia la capacitación y la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
Con el nuevo fallo, la cartera conducida por Sandra Pettovello recupera la facultad para reorganizar la política social sin la restricción impuesta por la cautelar. Según trascendió, el Ejecutivo prevé avanzar con un nuevo esquema basado en vouchers destinados a capacitación laboral, cuyos recursos serán administrados a través de empresas, instituciones formativas y organismos especializados, dejando atrás el sistema de transferencias directas a los beneficiarios.
Desde distintos sectores sociales y organizaciones vinculadas a la economía popular manifestaron preocupación por el impacto que tendrá la decisión sobre miles de familias que dependían de ese ingreso complementario. Mientras tanto, el expediente judicial continuará su trámite hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad del cierre del programa.
