La medida afecta a empresas de transporte de larga distancia que otorgaban boletos sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con tratamientos oncológicos. El costo deberá ser absorbido por las compañías.
El Ejecutivo nacional avanzó con una nueva reducción del gasto público que impacta de manera directa en uno de los sectores más sensibles de la población. A partir de una decisión oficial, las empresas de micros de larga distancia dejarán de recibir los reintegros estatales que compensaban los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer.
Hasta ahora, el sistema contemplaba un mecanismo mediante el cual el Estado reconocía económicamente a las compañías de transporte por los boletos otorgados sin cargo, en cumplimiento de normativas vinculadas al acceso a la salud y la inclusión social. Con la eliminación de esos subsidios, las firmas deberán asumir el costo operativo de esos traslados.
La medida generó preocupación entre organizaciones vinculadas a la discapacidad y familiares de pacientes que necesitan trasladarse periódicamente para recibir tratamientos médicos en distintos puntos del país. Muchas de estas personas dependen exclusivamente del transporte terrestre para acceder a hospitales, controles y centros de rehabilitación.
Desde el Gobierno argumentan que la decisión forma parte del programa de ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei, orientado a reducir el déficit y recortar subsidios considerados “ineficientes”. En los últimos meses, la Casa Rosada ya había aplicado fuertes reducciones en distintas áreas del Estado, incluyendo transporte, obra pública y programas sociales.
El nuevo esquema abre interrogantes sobre cómo responderán las empresas de micros ante la obligación de continuar garantizando los pasajes gratuitos sin recibir compensaciones económicas. En el sector advierten que la situación podría afectar la sostenibilidad del servicio, especialmente en recorridos extensos o de baja demanda.
Las asociaciones de defensa de derechos de personas con discapacidad remarcaron que el acceso al transporte constituye una herramienta fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y continuidad en tratamientos médicos. Además, alertaron que cualquier limitación indirecta podría derivar en mayores barreras para quienes ya enfrentan dificultades económicas y sociales.
En Argentina, la legislación vigente reconoce el derecho al transporte gratuito para personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), así como para determinados pacientes con patologías complejas. El beneficio permite viajar en servicios de corta, media y larga distancia, una política considerada clave para miles de familias.
Mientras tanto, el debate político vuelve a centrarse en el impacto social de las políticas de ajuste. Sectores opositores cuestionan que las medidas de reducción del gasto recaigan sobre grupos especialmente vulnerables, mientras que el oficialismo sostiene que el objetivo es ordenar las cuentas públicas y eliminar privilegios y distorsiones del sistema estatal.
