La Justicia desbarató un centro de atención ilegal que operaba sin habilitación y utilizaba identidades profesionales adulteradas. Seis personas fueron detenidas durante el operativo.
Una investigación judicial permitió desmantelar una supuesta clínica clandestina que funcionaba en la localidad bonaerense de González Catán y que, según las autoridades, operaba mediante una compleja maniobra fraudulenta que perjudicaba tanto a pacientes como a profesionales de la salud.
El procedimiento fue realizado por fuerzas policiales junto con personal judicial, luego de varias denuncias que alertaban sobre irregularidades en el funcionamiento del establecimiento. De acuerdo con la pesquisa, el lugar ofrecía prestaciones médicas utilizando matrículas falsas pertenecientes a más de 50 profesionales, muchos de los cuales desconocían completamente que sus datos estaban siendo utilizados.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron documentación, sellos, recetas apócrifas, computadoras y teléfonos celulares que ahora serán peritados para determinar el alcance total de la maniobra. Además, las autoridades detectaron que el centro no contaba con habilitación correspondiente ni con las condiciones sanitarias exigidas para funcionar como institución médica.
Como resultado del operativo, seis personas quedaron detenidas. Entre ellas se encuentran dos sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robo de camiones, lo que encendió aún más las alarmas de los investigadores sobre la posible estructura criminal detrás del falso centro de salud.
La causa busca determinar desde cuándo operaba la organización y cuántos pacientes pudieron haber sido afectados. Los investigadores sospechan que el esquema no solo apuntaba a cobrar consultas y prácticas médicas de manera ilegal, sino también a captar datos personales y documentación sensible de quienes acudían al lugar.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que varios médicos comenzaron a detectar irregularidades cuando aparecían vinculados a recetas, certificados y estudios que jamás habían emitido. A partir de esas denuncias se inició una tarea de seguimiento que permitió identificar el inmueble y avanzar con los allanamientos.
La utilización de matrículas adulteradas representa un delito grave, ya que pone en riesgo la salud pública y vulnera la confianza de los pacientes. Especialistas del sector advirtieron que este tipo de maniobras pueden derivar en diagnósticos incorrectos, tratamientos peligrosos y complicaciones médicas severas.
La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. La Justicia intenta establecer si existían otros centros vinculados a la misma organización y si la red operaba también en otras localidades del conurbano bonaerense.
