Fue promulgada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. Prevén hasta 30 días de arresto y fuertes multas económicas. Las penas se duplican si la agresión ocurre delante de alumnos o pacientes.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia este miércoles 22 de octubre la reforma al Código de Faltas que castiga con mayor severidad los ataques contra trabajadores esenciales.
La iniciativa, convertida en Ley 15.647, modifica el artículo 74 bis del Decreto-Ley 8031/73 y quedó oficializada tras su publicación en el Boletín Oficial. La norma había recibido sanción definitiva en la Legislatura bonaerense el pasado 29 de septiembre.
A partir de ahora, la legislación no solo protege al personal educativo, como ocurría desde 2017 con la Ley 14.898, sino que extiende la cobertura de forma explícita a médicos, enfermeros, trabajadores de hospitales, centros de atención primaria y empleados de dependencias de servicios públicos esenciales, tanto en el ámbito público como privado.
El nuevo texto establece que quien dentro de un establecimiento o en sus inmediaciones agreda, insulte, hostigue, menosprecie o perturbe el normal ejercicio de las funciones podrá ser sancionado con entre 5 y 30 días de arresto o con multas cuyo valor oscila entre el 50% y el 100% del sueldo mensual de un oficial del Agrupamiento Comando de la Policía Bonaerense.
El abanico de conductas alcanzadas es amplio: desde insultos, provocación de escándalo y maltrato, hasta el ejercicio de violencia física que no configure un delito de mayor gravedad, arrojar elementos contra el personal o contra bienes de uso público, ingresar sin autorización a áreas restringidas y permanecer en el lugar pese al pedido de retiro por parte del personal.
Un punto central de la reforma es el agravante. Si el hecho se produce frente a estudiantes, pacientes o menores de edad, tanto los días de detención como el monto económico se duplicarán.
La propuesta fue impulsada por los senadores de Unión y Libertad, Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, y obtuvo respaldo en el Senado a mediados de septiembre. Según explicaron sus autores, el objetivo es garantizar entornos laborales seguros para quienes cumplen tareas fundamentales para la comunidad, en un contexto de reiterados episodios de violencia registrados en escuelas y guardias hospitalarias.
