El dirigente peronista Miguel Saredi cuestionó con dureza la decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de mantener el ingreso gratuito al Ecoparque únicamente para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que la medida «desconoce el carácter federal de la Capital de la Nación», contradice el espíritu de la Constitución Nacional y profundiza una lógica de privilegios que divide a los argentinos entre quienes viven en la Ciudad y quienes provienen del resto del país.
Por Miguel Saredi
La decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de permitir el ingreso gratuito al Ecoparque únicamente a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y cobrar entrada al resto de los argentinos no es una simple medida administrativa. Es una definición política. Y, sobre todo, un mensaje profundamente equivocado sobre qué significa la Ciudad de Buenos Aires dentro de la República Argentina. La medida fue anunciada como parte de una política de «prioridad porteña», bajo el argumento de que los impuestos de los vecinos deben traducirse en beneficios exclusivos para quienes viven en la Ciudad.
Pero conviene recordar algo esencial: la Ciudad de Buenos Aires no es una república independiente.
La reforma constitucional de 1994 le otorgó autonomía política e institucional mediante el artículo 129 de la Constitución Nacional. Sin embargo, esa autonomía jamás modificó un hecho jurídico e histórico fundamental: Buenos Aires sigue siendo la Capital de la Nación Argentina. La Ciudad no dejó de ser el asiento de las autoridades federales ni un espacio que pertenece simbólica e institucionalmente a todos los argentinos.
Por eso resulta preocupante que se instale una lógica según la cual un argentino nacido en Formosa, Mendoza, Córdoba, Santa Fe o la provincia de Buenos Aires deba pagar para ingresar a un espacio público nacionalmente emblemático, mientras un vecino porteño accede gratuitamente únicamente por su domicilio.
No se trata solamente del precio de una entrada.
Se trata del concepto político que se pretende instalar.
Cuando un gobernante sostiene que un espacio público de la Capital Federal debe ser utilizado gratuitamente sólo por quienes pagan impuestos en la Ciudad, está reduciendo la idea de ciudadanía a una cuestión tributaria local. Esa mirada desconoce que la Ciudad funciona gracias a un complejo entramado institucional y económico en el que participa toda la Nación.
Todos los días millones de argentinos ingresan a Buenos Aires para trabajar, estudiar, atenderse en hospitales, consumir, producir riqueza o prestar servicios. La Ciudad concentra organismos nacionales, tribunales federales, ministerios, universidades, museos y espacios culturales sostenidos, directa o indirectamente, por el esfuerzo conjunto del país.
Además, la propia Ciudad participa del régimen de distribución de recursos federales y ha sido protagonista de numerosos debates judiciales y políticos vinculados con la coparticipación federal. Es decir, el vínculo financiero entre Nación y Ciudad demuestra que Buenos Aires forma parte del sistema federal argentino y no constituye un enclave aislado.
La Constitución Nacional, en su artículo 16, establece que todos los habitantes son iguales ante la ley. Naturalmente, ello no impide que existan diferencias razonables en determinadas políticas públicas. Pero cuando la diferenciación se basa exclusivamente en el domicilio para acceder a un espacio público que integra el patrimonio urbano de la Capital de todos los argentinos, corresponde al menos abrir un debate político e institucional.
Porque el federalismo argentino nunca fue pensado para levantar fronteras internas.
Fue concebido exactamente para lo contrario: integrar provincias distintas bajo una misma Nación.
La Ciudad Autónoma tiene derecho a administrar sus recursos. Nadie discute esa competencia. Lo discutible es convertir esa facultad administrativa en un discurso político que enfrenta a porteños contra el resto del país bajo la consigna de la «prioridad porteña».
Ese mensaje alimenta una Argentina fragmentada.
Como si existieran ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Como si cruzar la avenida General Paz implicara dejar de pertenecer plenamente a la comunidad nacional.
El Ecoparque fue durante décadas el Zoológico de Buenos Aires. Su transformación en un centro de rescate, conservación e investigación ambiental representa un avance importante que merece ser acompañado. Precisamente por esa función educativa y ambiental, debería fortalecer su carácter de espacio abierto al conjunto de la sociedad argentina, promoviendo la conciencia ambiental sin establecer barreras simbólicas entre compatriotas.
Los argentinos ya convivimos con demasiadas divisiones.
No necesitamos que ahora también aparezcan fronteras dentro de nuestra propia Capital.
La autonomía de la Ciudad nunca fue concebida para construir privilegios territoriales ni identidades excluyentes. Fue diseñada para mejorar su gobierno local, no para debilitar el sentido de pertenencia nacional.
Porque Buenos Aires pertenece a quienes viven en ella.
Pero, antes que eso, Buenos Aires sigue siendo la Capital de todos los argentinos
