Choferes de la Línea 60 aseguraron que recibieron instrucciones para quitar de las unidades los adhesivos vinculados al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La denuncia generó repercusiones y, hasta el momento, la empresa no emitió una explicación oficial.
Una nueva controversia se instaló en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires luego de que trabajadores de la Línea 60 denunciaran que habrían recibido la orden de retirar de los colectivos las calcomanías con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», un símbolo que desde hace años acompaña a numerosas instituciones, organismos públicos y vehículos de todo el país.
De acuerdo con el testimonio de varios choferes, los adhesivos habían sido colocados en distintas unidades como una manifestación de respaldo al histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, posteriormente habrían sido instruidos para quitarlos, situación que despertó malestar entre los trabajadores y provocó un intenso debate en redes sociales.
Hasta el momento, la empresa DOTA, responsable de la operación de la Línea 60, no realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir la versión difundida por los empleados. Tampoco trascendió quién habría impartido la presunta directiva.
La noticia tomó rápida repercusión debido a la sensibilidad que despierta la causa Malvinas en la sociedad argentina. Desde la reforma constitucional de 1994, la Constitución Nacional establece en su Disposición Transitoria Primera que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino.
El reclamo por la soberanía también es sostenido de manera constante por la política exterior del país ante organismos internacionales, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas, donde Argentina solicita la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido para resolver la disputa territorial.
Mientras continúan las repercusiones por la denuncia, distintos sectores expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se retire de la vía pública un símbolo considerado representativo de una política de Estado. La falta de una comunicación oficial por parte de la empresa alimenta las dudas sobre lo ocurrido y mantiene abierta la polémica.
