En una entrevista con el periodista Ignacio González Prieto por Radio Splendid, Miguel Saredi, diputado nacional mandato cumplido y secretario de Planificación Operativa de La Matanza, sostuvo que el combate contra la inseguridad requiere coordinación entre todas las fuerzas de seguridad y una fuerte inversión en políticas de prevención social para atacar las causas estructurales del delito.
La problemática de la inseguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ocupar el centro del debate público. Durante una entrevista con Ignacio González Prieto en el programa Testigos, por Radio Splendid, Miguel Saredi analizó el crecimiento de la violencia delictiva y planteó la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral que combine prevención, coordinación institucional y políticas sociales.
Saredi señaló que la inseguridad actual no puede entenderse sin considerar el avance del narcotráfico, el consumo problemático de drogas, el alcoholismo, la proliferación de armas y la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado.
«La coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas de la Ciudad y las fuerzas provinciales es un tema capital», afirmó. En ese sentido, aclaró que su planteo no responde a una mirada partidaria sino a la necesidad de construir políticas públicas conjuntas. «No se trata de echar culpas, sino de entender que la seguridad requiere una acción coordinada y urgente», sostuvo.
El rol de los municipios
Durante la entrevista, Saredi explicó que, si bien la seguridad constituye una responsabilidad primaria de las provincias y, en determinados delitos, de la Nación, desde la década de 1990 los municipios comenzaron a asumir un papel cada vez más activo debido al reclamo directo de los vecinos.
«Los ciudadanos empezaron a pedirles respuestas a sus intendentes, y los municipios comenzaron a destinar parte de sus presupuestos a políticas de seguridad», explicó.
En ese marco recordó que muchas comunas invirtieron recursos propios en cámaras de video vigilancia, centros de monitoreo, patrullas municipales, tótems de seguridad, paradas seguras y guardias urbanas, aun cuando esas funciones excedían sus competencias legales.
«Se avanzó muchísimo en las llamadas políticas situacionales y ambientales», destacó.
«No hay que confundir prevención social con garantismo»
Uno de los ejes centrales de la conversación giró en torno a las políticas de prevención social del delito.
Saredi consideró que, en los últimos años, gran parte del debate público confundió el concepto de garantismo con la prevención social, cuando en realidad se trata de herramientas completamente distintas.
«La prevención social del crimen busca evitar que las personas lleguen al delito. Trabaja sobre las causas estructurales de la violencia y eso no tiene nada que ver con el garantismo», afirmó.
En ese sentido sostuvo que resulta indispensable fortalecer las políticas educativas, el acceso al trabajo, la asistencia a niños y adolescentes, el acompañamiento de las familias vulnerables y la presencia del Estado en los barrios.
«Sin educación, sin oportunidades laborales, sin clubes, escuelas, capillas y programas destinados a los sectores más vulnerables, es muy difícil revertir la violencia», explicó.
La coordinación entre Justicia y fuerzas de seguridad
Consultado por González Prieto sobre el papel de la Justicia, Saredi sostuvo que el esfuerzo policial pierde eficacia si no existe un acompañamiento judicial adecuado.
Al mismo tiempo destacó el trabajo cotidiano de fiscales y funcionarios judiciales, aunque advirtió que tanto el Poder Judicial como las fuerzas de seguridad atraviesan dificultades derivadas de la pérdida del poder adquisitivo y de las restricciones presupuestarias que afectan a la provincia de Buenos Aires.
Según indicó, la situación económica impacta sobre organismos que cumplen funciones esenciales dentro del sistema de seguridad y administración de justicia.
El desafío de las adicciones
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el tratamiento de las adicciones y la escasez de dispositivos especializados.
Saredi remarcó la falta de comunidades terapéuticas cerradas para personas con consumos problemáticos asociados a conductas violentas o a la comisión de delitos graves.
«Hay jóvenes que necesitan tratamientos intensivos y establecimientos adecuados. Hoy prácticamente no existen comunidades terapéuticas cerradas para atender esos casos», advirtió.
Asimismo, mencionó la necesidad de fortalecer los servicios vinculados con salud mental, niñez, adolescencia, familia y asistencia social, áreas que consideró fundamentales para prevenir la reincidencia y reducir la violencia.
Una violencia con múltiples causas
En el tramo final de la entrevista, González Prieto le consultó por qué considera que los hechos delictivos son cada vez más violentos.
Para Saredi, el narcotráfico constituye uno de los factores centrales, aunque no el único.
«También influye la pérdida de los vínculos sociales, la falta de integración comunitaria y el enorme impacto que hoy tienen la tecnología y las redes sociales sobre las conductas y la percepción del delito», señaló.
Finalmente, insistió en que la respuesta frente a la inseguridad no puede limitarse exclusivamente al accionar policial.
«La prevención del delito exige el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y las políticas sociales. Si no abordamos las causas profundas de la violencia, será muy difícil revertir la situación», concluyó.
