CTERA manifestó su respaldo a la docencia porteña y cuestionó que las modificaciones al Estatuto Docente se impulsen sin participación de las organizaciones gremiales.
La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de avanzar con cambios en el Estatuto Docente continúa generando un fuerte rechazo dentro del ámbito educativo. En las últimas horas, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó su apoyo a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y cuestionó que la iniciativa se impulse sin un proceso de negociación con los sindicatos que representan al sector.
Desde la entidad nacional sostuvieron que el Estatuto constituye una conquista histórica de la docencia, ya que regula aspectos fundamentales como la estabilidad laboral, la carrera profesional, los mecanismos de acceso a cargos y las garantías para el desarrollo de la actividad educativa. En ese sentido, remarcaron que cualquier modificación debería surgir del diálogo institucional y de la negociación colectiva.
El conflicto se originó tras el anuncio de la administración encabezada por Jorge Macri de introducir una actualización integral del régimen docente. Entre los principales cambios se encuentran nuevas reglas para los ascensos, modificaciones en el sistema de evaluación, mayor peso de la formación continua, alteraciones en el régimen de licencias y un esquema que incorpora el presentismo dentro de la calificación profesional. Según el Ejecutivo porteño, las medidas comenzarán a implementarse de manera gradual a partir de 2027.
La administración porteña sostiene que la reforma apunta a fortalecer el mérito, reducir la rotación de docentes dentro de las escuelas y mejorar la continuidad pedagógica de los estudiantes. Además, afirma que busca profesionalizar la carrera docente y brindar mayor previsibilidad al funcionamiento del sistema educativo.
Sin embargo, los sindicatos consideran que la iniciativa implica un avance sobre derechos laborales consolidados y cuestionan que las modificaciones hayan sido impulsadas sin instancias de consulta con las organizaciones representativas. Tanto UTE como Ademys anticiparon que continuarán con distintas acciones para exigir la apertura de un ámbito de negociación y rechazar la implementación unilateral de los cambios.
El debate suma un nuevo capítulo a la tensión que desde hace meses mantiene el Gobierno porteño con distintos sectores de la comunidad educativa, en un contexto donde también persisten reclamos vinculados a condiciones laborales, financiamiento y políticas educativas.
