El abogado y dirigente Miguel Saredi analiza el debate por Ingresos Brutos y las tasas municipales, y advierte que detrás de las críticas al gobernador Axel Kicillof se esconde un problema estructural: la falta de recursos que la Nación le debe a la Provincia y a los municipios en un contexto de fuerte ajuste económico.
Frente a una crisis económica sin precedentes, el ministro de Economía Luis Caputo, junto a cámaras empresariales y comunicadores oficialistas, se encargan de instalar una idea simplificada: que el problema central de la Argentina son los impuestos provinciales —en especial Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires— y las tasas municipales como las que gravan el combustible.
Es cierto: en este contexto recesivo, pagar impuestos es cada vez más difícil. Nadie niega que el sistema tributario argentino es pesado, distorsivo y necesita reformas profundas. Pero también es cierto que reducir el debate a una consigna —“bajen impuestos”— sin discutir cómo se financia el Estado es, como mínimo, incompleto.
Porque es fácil reclamar bajas impositivas cuando la Nación concentra recursos, retrae transferencias y desfinancia a provincias y municipios. Si el Gobierno nacional quiere que se reduzcan impuestos provinciales y tasas municipales, primero tiene que devolver los recursos que corresponden. De lo contrario, es puro discurso.
El corazón del problema sigue siendo el mismo desde hace décadas: un sistema de coparticipación injusto. La Ley 23.548, vigente desde 1988 como régimen “transitorio”, establece una distribución donde las provincias reciben el 54,66% de los fondos, y dentro de ese esquema Buenos Aires tiene un coeficiente fijo del 19,93%. Es decir, la provincia más grande, más poblada y con mayores demandas sociales no recibe recursos acordes a su peso económico.
Dicho de manera simple: Buenos Aires financia al país, pero no recibe lo que le corresponde.
En ese contexto, Ingresos Brutos se vuelve una herramienta inevitable. No porque sea el mejor impuesto —de hecho, hay consenso en que es distorsivo— sino porque es la principal fuente de financiamiento. En el presupuesto 2025 representa el 78,5% de la recaudación provincial. No es un tributo más: es la columna vertebral del Estado bonaerense.
Aquí es donde el debate requiere mayor honestidad intelectual. Incluso los propios industriales bonaerenses, que cuestionan el impuesto, reconocen que el problema no es sólo la alícuota sino su diseño. Un informe reciente muestra que, aunque la tasa legal para la industria es del 1,5%, la carga efectiva trepa al 4,7% por el llamado “efecto cascada”, que hace que el impuesto se acumule en cada etapa de la producción.
Este diagnóstico es válido y merece atención. Pero también confirma algo clave: no se trata simplemente de “bajar impuestos”, sino de rediseñar el sistema de manera gradual y con compensación fiscal, como proponen los propios sectores productivos. Porque una baja brusca, sin reemplazo de recursos, no mejora la competitividad: desfinancia al Estado.
Además, hay que mirar el contexto. La industria bonaerense —que concentra el 49% de la producción del país— atraviesa una caída de actividad, pérdida de empleo y cierre de empresas. En ese escenario, la discusión tributaria no puede aislarse de la política económica nacional: apertura importadora, caída del consumo y ajuste fiscal.
Lo mismo ocurre con los municipios. Se los cuestiona por las tasas viales que inciden en el precio del combustible, pero se omite un dato central: son consecuencia directa del recorte de recursos. Con menos coparticipación, menos transferencias y caída de la actividad, los intendentes recurren a estas herramientas para sostener servicios básicos.
Incluso sectores como las estaciones de servicio han manifestado su preocupación por estas tasas y evalúan judicializarlas. Pero el problema de fondo no es la tasa en sí misma, sino el contexto que la genera: municipios obligados a financiar salud, seguridad, infraestructura y servicios urbanos sin respaldo suficiente.
Además, si la Provincia redujera Ingresos Brutos de manera abrupta, el impacto no sería sólo provincial. Bajo la Ley 10.559, los municipios reciben el 16,14% de la masa coparticipable, que incluye este impuesto. Es decir, menos Ingresos Brutos implica menos recursos para los distritos, menos hospitales, menos obras y menos servicios.
Por eso, el gobernador Axel Kicillof no está defendiendo un impuesto: está defendiendo el funcionamiento del Estado en uno de los territorios más complejos del país.
El planteo es claro: si la Nación quiere que se bajen impuestos provinciales y tasas municipales, primero debe cumplir con sus obligaciones, estabilizar las transferencias y abrir una discusión seria sobre coparticipación.
No se trata de negar los problemas del sistema tributario. Se trata de no caer en soluciones simplistas que, en lugar de resolverlos, los agravan.
Porque sin recursos, no hay Estado. Y sin Estado, no hay desarrollo posible.
