La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y ratificó la obligación de actualizar salarios y becas en universidades nacionales.
La disputa por el financiamiento del sistema universitario sumó un nuevo capítulo judicial con un fallo que refuerza la vigencia de la ley sancionada por el Congreso en 2025. La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió desestimar el recurso presentado por el Gobierno nacional y confirmó una medida cautelar que obliga a cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, con los votos de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes respaldaron la resolución previa que había ordenado la aplicación de los artículos clave de la norma. En particular, el fallo exige avanzar con la actualización salarial para docentes y personal no docente, así como con la recomposición de las becas destinadas a estudiantes.
La legislación en cuestión había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente ratificada en octubre, cuando ambas cámaras insistieron con una mayoría especial tras el veto presidencial. Según interpretó la Cámara, ese proceso legislativo dejó sin margen de maniobra al Poder Ejecutivo para postergar su implementación.
En el texto judicial se remarca que el juzgado de primera instancia ya había declarado inaplicable un decreto del Ejecutivo que intentaba frenar los efectos de la ley. En esa línea, se ordenó dar cumplimiento efectivo a los artículos 5 y 6, que establecen mecanismos de actualización vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador clave que refleja la inflación medida por el INDEC.
El artículo 5 fija que los salarios universitarios deben ajustarse en función de la evolución inflacionaria desde diciembre de 2023, garantizando que no queden por debajo de ese índice. Por su parte, el artículo 6 dispone una actualización equivalente para los programas de asistencia estudiantil, con el objetivo de preservar su poder adquisitivo.
Entre los fundamentos centrales del fallo, los magistrados advirtieron que la estrategia del Gobierno de demorar la aplicación mediante normas de menor jerarquía vulnera principios constitucionales. En particular, señalaron que esa conducta afecta la división de poderes y el funcionamiento del sistema republicano.
La medida cautelar había sido impulsada a partir de una presentación judicial realizada en diciembre de 2025, en el marco de un amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a distintas organizaciones del ámbito académico. El reclamo apuntaba a garantizar la vigencia efectiva de una ley considerada clave para el sostenimiento del sistema universitario público en un contexto de alta inflación.
El fallo se produce en un escenario de tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales, que desde hace meses vienen advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la insuficiencia de los recursos para el funcionamiento institucional. Con esta resolución, la Justicia refuerza la obligación del Estado de garantizar el financiamiento previsto por ley.
