Por primera vez, las cinco fuerzas de seguridad nacionales realizarán una manifestación conjunta. Reclaman sueldos por debajo de la línea de pobreza y denuncian el deterioro del sistema de salud.
El malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales alcanzó un punto crítico y derivó en una convocatoria inédita: representantes de distintos cuerpos anunciaron una protesta conjunta para el próximo 2 de abril frente al edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional. La medida, definida como un “abrazo solidario”, busca visibilizar una situación que, aseguran, se volvió insostenible.
La convocatoria reúne a integrantes de la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, ya que nunca antes estas cinco estructuras habían coincidido en una manifestación unificada.
El eje del reclamo gira en torno a los salarios. Según denuncian los propios efectivos, los ingresos actuales quedaron rezagados frente al fuerte aumento del costo de vida, ubicando a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Esta situación obligó a numerosos agentes a buscar ingresos adicionales fuera de sus funciones principales para poder sostener a sus familias.
A la problemática salarial se suma el deterioro en la cobertura médica. En los últimos meses, se multiplicaron las quejas por deficiencias en la obra social, con demoras en la atención, falta de prestadores y, en algunos casos, suspensión directa de servicios. Este escenario generó preocupación tanto en el personal activo como en sus familias.
El conflicto no surgió de manera repentina. Desde hace meses se registran reclamos en distintas provincias, con movilizaciones de familiares y presentaciones formales denunciando precarización laboral. La protesta anunciada busca, justamente, concentrar ese descontento en una acción visible a nivel nacional.
Desde el ámbito oficial reconocen la existencia de tensiones, aunque sostienen que la situación se enmarca en una política de ordenamiento del gasto público. Sin embargo, la falta de respuestas concretas alimenta la incertidumbre y abre la puerta a una posible escalada del conflicto en las próximas semanas.
