El dirigente cuestionó los nuevos requisitos patrimoniales que restringen el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados y advirtió que miles de afiliados podrían quedar fuera del beneficio.
Por Miguel Saredi
En los últimos días decidí alzar la voz frente a una situación que preocupa profundamente a miles de jubilados y pensionados de nuestro país. El sistema de salud destinado a nuestros adultos mayores está atravesando un cambio que, lejos de facilitar el acceso a los medicamentos, está generando nuevas barreras para quienes más lo necesitan.
Miguel Saredi cuestionó los nuevos requisitos patrimoniales que limitan el acceso a medicamentos gratuitos porque “PAMI endureció los controles de acceso a la gratuidad total de medicamentos. Poseer vehículos de menos de diez años o medicina prepaga anula el beneficio según el nuevo esquema a partir de este mes”. Esta decisión impacta directamente en miles de afiliados que, de un día para el otro, se encuentran con que ya no pueden retirar sus remedios sin costo.
Durante marzo de 2026, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados puso en marcha un sistema de fiscalización mucho más estricto para otorgar medicamentos con cobertura total. El organismo decidió aplicar un fuerte cruce de datos patrimoniales para determinar quiénes pueden acceder al beneficio y quiénes no. En la práctica, esto significa que la gratuidad de los medicamentos ya no depende solamente de ser afiliado al PAMI, sino de cumplir con determinados criterios económicos.
Uno de los puntos más polémicos es que el nuevo esquema excluye automáticamente a jubilados que superen ingresos equivalentes a 1,5 haberes mínimos. Además, mediante el entrecruzamiento de información con bases de datos fiscales y registros patrimoniales, el sistema identifica si la persona posee bienes que el organismo considera incompatibles con el subsidio.
El impacto se vuelve aún más fuerte cuando se analiza el criterio patrimonial. Hoy, por ejemplo, si un afiliado posee más de un inmueble o tiene un vehículo con menos de diez años de antigüedad, el sistema directamente le niega la cobertura del 100% al momento de validar la receta en la farmacia. En otras palabras, el jubilado llega con su receta electrónica y el sistema simplemente rechaza el beneficio.
También se incorporó otro criterio que generó polémica: quienes tengan medicina prepaga no podrán acceder al esquema de gratuidad. Desde el organismo sostienen que se detectó que muchos afiliados utilizaban simultáneamente ambos sistemas para obtener medicamentos de alto costo sin cargo. Sin embargo, esta mirada desconoce una realidad muy extendida entre las familias argentinas: muchas veces las prepagas no son pagadas por los propios jubilados, sino por sus hijos u otros familiares que, con esfuerzo, intentan ayudarlos para que puedan tener una atención médica un poco mejor. En la mayoría de los casos no se trata de un privilegio, sino de un gesto de solidaridad familiar frente a las dificultades del sistema de salud.
Por eso, utilizar la existencia de una prepaga como criterio automático para quitar el beneficio de medicamentos gratuitos termina castigando indirectamente a esas familias que hacen un esfuerzo adicional para cuidar a sus padres o abuelos.
Ahora bien, incluso dentro de este nuevo esquema hay excepciones. Los pacientes con enfermedades crónicas específicas, como diabetes, patologías oncológicas, VIH o tratamientos de alta complejidad, mantienen la cobertura total de sus medicamentos. En estos casos, el beneficio sigue siendo automático debido a la naturaleza crítica de los tratamientos.
Para el resto de los medicamentos ambulatorios, la situación cambió considerablemente. Los descuentos pasan a ubicarse entre el 40% y el 80%, dependiendo del tipo de fármaco y de la patología del afiliado. Aquellos jubilados que queden fuera del sistema de gratuidad, pero que gasten una parte importante de sus ingresos en remedios, deberán iniciar un trámite de excepción. Este procedimiento implica una evaluación socio-sanitaria presencial y la presentación de documentación que demuestre que el gasto en medicamentos supera el 15% del ingreso familiar.
Además, el sistema informático ahora controla con mayor rigidez la cantidad de medicamentos que se prescriben. Las recetas que superen cinco envases mensuales de una misma droga pueden ser bloqueadas, salvo que exista una justificación médica previa registrada en la ficha del paciente.
Lo cierto es que la implementación de estas medidas ya generó preocupación entre los afiliados. En los primeros días de marzo se registró un aumento importante de consultas en las agencias del organismo, porque muchos jubilados se enteraron de los cambios recién cuando fueron a la farmacia a retirar su medicación habitual.
Como dirigente comprometido con la realidad social de nuestros barrios, considero que debemos abrir un debate serio sobre estas decisiones. La salud de nuestros jubilados no puede quedar atrapada en un sistema burocrático que termina dejando afuera a personas que igualmente tienen enormes dificultades para sostener sus tratamientos.
Nuestros adultos mayores trabajaron toda su vida y merecen un sistema de salud que los acompañe, no uno que los obligue a demostrar permanentemente que son lo suficientemente pobres para recibir un medicamento.
