La medida fue oficializada mediante el Decreto 138/2026 tras la sanción de la Ley 27.801. El nuevo esquema permitirá juzgar penalmente a adolescentes desde los 14 años y establece un sistema de sanciones y medidas socioeducativas. La reforma generó respaldo en sectores políticos que reclaman mayor firmeza frente al delito, pero también críticas de especialistas y organizaciones que advierten sobre sus efectos.

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modifica de manera sustancial el sistema de responsabilidad penal para menores en Argentina. La normativa fue reglamentada a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El eje central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que implica que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos podrán ser sometidos a procesos penales dentro de un sistema específico para menores. La ley establece que el régimen se aplicará a quienes tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho delictivo.

Un cambio en el sistema vigente desde 1980

La norma reemplaza el sistema anterior, basado en la ley de minoridad sancionada durante la última dictadura militar, que establecía un esquema con amplias facultades para los jueces y sin procedimientos procesales completos para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Con el nuevo régimen se busca instaurar un sistema procesal más formal, con garantías jurídicas, plazos de juzgamiento y derechos reconocidos desde el inicio del proceso, en línea con los estándares constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.

La legislación dispone además que las sanciones deberán orientarse a la educación, la responsabilidad y la reinserción social del adolescente, priorizando medidas socioeducativas antes que el encarcelamiento. Entre las opciones previstas figuran la amonestación judicial, la reparación del daño a la víctima, programas educativos o laborales y, en los casos más graves, penas privativas de libertad en institutos especializados.

Cómo se aprobó la reforma

El proyecto fue aprobado en el Senado el 27 de febrero con 44 votos a favor y 27 en contra, luego de haber obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo y de legisladores de distintos bloques opositores, entre ellos representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y espacios provinciales.

Durante el debate parlamentario, dirigentes del oficialismo defendieron la medida como una respuesta a la demanda social por mayor seguridad. Sostuvieron que la reforma busca terminar con la idea de que los menores que cometen delitos graves quedan fuera del alcance del sistema penal.

Uno de los argumentos más reiterados fue que la edad de imputabilidad en Argentina era más alta que en gran parte de América Latina, donde en varios países el límite se ubica entre los 12 y los 14 años.

De hecho, la nueva legislación alinea al país con el modelo vigente en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, que también contemplan responsabilidad penal desde los 14 años. En otras naciones, como Brasil o Ecuador, la edad mínima incluso comienza a los 12.

Penas y límites establecidos

El régimen establece un conjunto de sanciones diferenciadas para adolescentes. En los delitos menos graves se priorizarán medidas alternativas a la prisión, mientras que para delitos graves —como homicidios— se prevén penas más severas.

La ley fija que la pena máxima privativa de libertad para adolescentes será de 15 años y prohíbe expresamente la prisión perpetua o reclusión perpetua para menores de edad.

Además, se establece que los jóvenes condenados deberán cumplir sus sanciones en institutos especializados y separados de los adultos, con programas educativos y de formación laboral orientados a su reinserción social.

Debate político y cuestionamientos

La reforma generó un fuerte debate político y social. Mientras sectores del oficialismo y parte de la oposición sostienen que la medida responde a una demanda ciudadana frente a hechos delictivos protagonizados por menores, especialistas en infancia y organismos de derechos humanos advierten que el endurecimiento penal no necesariamente reduce la delincuencia juvenil.

También se plantearon dudas sobre la capacidad del sistema penitenciario y de los institutos de menores para aplicar adecuadamente el nuevo régimen, así como sobre el financiamiento necesario para implementar programas de reinserción y acompañamiento social.

Otro punto de discusión es el impacto real de la reforma en la seguridad pública. Según diversos estudios, la mayoría de los delitos cometidos por menores corresponde a hechos contra la propiedad y son protagonizados principalmente por jóvenes de 16 y 17 años.

Implementación en las provincias

El nuevo régimen prevé que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adecuen sus sistemas procesales y estructuras institucionales para aplicar la ley. Sin embargo, el esquema aprobado contempla una participación limitada del Estado nacional en el financiamiento, lo que podría generar diferencias en la implementación según los recursos de cada jurisdicción.

Con la reglamentación ya vigente, comienza ahora una etapa clave: la adaptación del sistema judicial y de las instituciones de niñez para poner en marcha el nuevo modelo de responsabilidad penal juvenil en todo el país.